"La publicidad oficial no puede ser usada como castigo"
El erario, arma para restringir la libertad de expresión: CIDH
El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, alerta sobre un mecanismo de "censura sutil" que en América Latina está ganando terreno y dibujando un paisaje de creciente intolerancia de los gobiernos hacia los medios críticos e independientes y hacia la información que perciben como negativa: el uso del erario para castigar o premiar a empresas periodísticas mediante la asignación arbitraria de cuotas de publicidad oficial.
Alvarez, abogado venezolano que se encuentra en México para asistir a un acto académico, reconoce que este fenómeno también lo ha observado aquí. "Es simplemente una forma de censura. De muchos países de la región se reciben quejas sobre medios con una línea oficialista a los que se les asigna más publicidad de los gobiernos, independientemente de su audiencia o tiraje. Puede haber medios con una audiencia mayor, pero una línea más crítica, que reciben mucho menos publicidad."
En la perspectiva de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del sistema interamericano, el estado de los medios de comunicación en México es motivo de preocupación constante y prioritaria desde hace más de una década, tanto por el alto número de asesinatos de periodistas y de denuncias de agresiones y acoso contra los informadores -mucho más graves y frecuentes en los estados que en la ciudad capital- como por las restricciones indirectas a la libertad de expresión.
"Hemos visto casos -indicó- en los que se usa el poder de manera que aparentemente es legal, pero la causa última es restringir la libertad de expresión."
Señala que la legislación de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un capítulo específico donde se establece que no se puede usar el erario para castigar o premiar a los medios por su línea editorial, y se menciona como un ejemplo concreto la asignación de publicidad oficial. "Es una forma de censura", reitera en entrevista.
Como parte de la intervención de la relatoría ante esta situación que Ignacio Alvarez llama de "censura tenue", la CIDH impulsa medidas de transparencia. "Los estados tienen que crear legislaciones para evitar que la publicidad oficial se use como medida para reprimir indirectamente la libertad de expresión. Hay una diferencia con el pasado reciente, cuando con gobiernos represivos y autoritarios los métodos eran brutales. Ahora hay métodos más sutiles, más modernos, digamos. No hay una radiografía exacta de la situación, porque además es muy fluida, cambiante. Pero sí podemos afirmar que se está viendo una creciente intolerancia a la crítica, a la información negativa, y las autoridades están utilizando distintas maneras de orden público para coaccionar. El diagnóstico es preocupante, porque es una práctica generalizada."
Advierte que los gobiernos y los informadores "tienen que repensar esto como un problema de intolerancia. Es necesario diseñar legislaciones que impidan ese ejercicio arbitrario de los recursos públicos como parte de las reformas a las distintas leyes de medios."
Por otra parte, el funcionario reiteró lo que ha expresado en ocasiones anteriores: la preocupación central de la relatoría respecto a los casos de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas mexicanos. "Cuando el narcotráfico asesina a un periodista, no hay una responsabilidad directa del Estado en el crimen. Pero su obligación sí es prevenir e investigar y sancionar cuando se produce esta violación. Por eso en México sí hay responsabilidad del gobierno. Hay una situación de vulnerabilidad total de los periodistas y hay autocensura debido a la incapacidad del Estado de garantizar la libertad de expresión".
Alvarez cita que, en medio del balance negativo, hay algunas señales alentadoras, como la reforma legal reciente que elimina la injuria como delito que amerita una sanción penal.
Otra "señal positiva" fue la creación de la fiscalía especial para ilícitos contra periodistas en la Procuraduría General de la República, pero "en la práctica no tiene competencia para conocer delitos cometidos por el crimen organizado, que es el grueso del expediente. Es decir, no tiene competencia para los hechos fundamentales. Ya con eso sería suficiente para poner en tela de duda la efectividad de esa medida, a pesar de toda la buena voluntad que la pueda haber precedido.
"Además, a la fiscalía no se le dan los recursos económicos y el apoyo político que requiere. De hecho se dio la renuncia del fiscal David Vega. Sin conocer los detalles que lo llevaron a renunciar, entiendo que no se resolvió ningún caso durante su gestión, no por falta de voluntad de él, sino por cuestiones prácticas que se lo impidieron. Es importante no sólo hacer gestos de esta naturaleza que en apariencia están bien sino buscar que sean efectivos en la práctica".