Marcos Roitman Rosenmann

La muerte de la sanidad pública

A diferencia de otras reformas sociales, la sanitaria despierta una preocupación paradójica. Se trata de reconocer el derecho universal a la sanidad pero al tiempo preferir la medicina privada cuando se trata del caso personal. Es un fenómeno difícil de explicar que es aprovechado por empresarios, defensores de la privatización, acólitos de la economía de mercado y políticos neoliberales, conservadores o socialdemócratas, que fomentan la desarticulación de la sanidad pública y el sistema de previsión social, un derecho democrático conquistado a sangre y fuego luego de un siglo de luchas y sólo impuesto en el siglo XX tras dos guerras mundiales. Poco ha durado la ilusión de seguir extendiendo los beneficios a toda la población más aún cuando las enfermedades endémicas de la sociedad industrial se multiplican. Es moneda corriente ver como personajes públicos y representantes del Estado son captados por las cámaras de televisión dando a luz a sus vástagos en las mas lujosas clínicas privadas. La princesa Leticia, sin ir más lejos. Nos les falta nada. Atención personalizada, televisión digital, enfermeras, toda una cadena de puericultores, matronas, pediatras, especialistas y servicios auxiliares para asistir a quien recibe una paga del Estado y debería por honestidad, dignidad y ética parir en hospital público. Tampoco podemos ir tan lejos: la hija de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, sufrió un repentino ataque cardiaco y es atendida en la Clínica Alemana. En este caso, ella es socialista, debía recatarse un poco. Pero si también se hace con la educación y los colegios privados, como no se hará cuando se trata de salvar la vida. Igualmente, nos encontramos en la prensa con los casos mas variopintos de famosos cantantes que no desean sufrir el olor de las multitudes más que en los conciertos y para cobrar el porcentaje de la venta de sus discos. En caso de dolor alquilan jets y acuden a las a las clínicas en busca de análisis si alguna enfermedad les hace sospechar que su vida corre peligro o son hipocondriacos. El mensaje es claro, la medicina privada es rápida y eficiente, el diagnóstico seguro y cuenta con mejores equipos médicos.

En este momento no hay duda, lo privado es mejor que lo público. Como si se tratase de una fórmula mágica, las clínicas y residencias se convierten en poseedores de la fuente de la vida y sus médicos en alquimistas productores de fórmulas para la eterna juventud. En esta lógica, no tienen pacientes, los ingresados son clientes. Ocupan una plaza hotelera y pagan por servicios prestados, entre ellos por morirse. No hay problemas, con tal de que hayan quedado satisfechos sus parientes y el finado hubiese cumplido sus expectativas de atención personalizada y el seguro lo cubra, está todo en orden. Lo que menos importa es la salud. Se juega con la vida a costa de ganar dinero. Las clínicas son un negocio, como un supermercado. Un ejemplo de esta afirmación lo constituye el cáncer de Rocío Jurado, exprimida por medicina privada en Estados Unidos y en Madrid. No importó alargar su agonía, tenía dinero, el que paga decide. Pero esto desvela la realidad. El servicio de salud pública no es ineficiente, ni tiene malos médicos, ni realiza una práctica medicina obsoleta. Por el contrario, tiene otra lógica, busca otros objetivos. Se centra en construir una sociedad sana, con sentido de la prevención, la ética y deontología profesional. Mientras tanto, las clínicas son empresas donde se impone el sentido empresarial asentado en la máxima: cuanto más enfermos, mejor. Una sociedad enferma es negocio. Más clínicas, más farmacopea, más seguros médicos.

Lamentablemente la mala imagen que acompaña la sanidad pública se funde con tópicos: congestión de servicios, lentitud en el diagnóstico, listas de espera interminables, médicos mal preparados, pocas camas por habitantes, escasas infraestructuras, recursos despilfarrados, corrupción, etcétera. Ante estos males, se dice, grandes soluciones. Mejor privatizar. Si todos prefieren la privada, por algo será. Para ello no importa que se abandone un servicio público y se deje morir, si ello, se argumenta, supone garantizar un servicio de calidad y atención en manos de la empresa privada. Ahora podrá haber competencia e iniciativa en la medicina, el sector se abre deja de ser monopolio estatal. La fórmula para lograrlo consiste en otorgar de los presupuestos generales del Estado las subvenciones para que sean las empresas privadas las que se encarguen de la sanidad. Así, quedará en sus manos y se les habilitará para ser sus impulsores de la salud ciudadana. Construirán hospitales, o residencias, administrarán sus consejos rectores, contratarán su personal y disfrutarán de regalías y de exenciones fiscales, además del dinero público para realizar las obras y los contratos para su explotación por no menos de 100 años; cuestión de riesgo, dirán. ¿Cual? Todo un negocio. Esta reforma ya se llevó a cabo en Gran Bretaña y en Canadá, el resultado, según estudios médicos, no sólo eleva el número de muertes en determinados sectores de la población, además desmitifica la calidad de la sanidad privada, muy por debajo de los estándares que dice tener.

Hoy, este proyecto se aprueba en España, se impulsa en México se realiza en Chile y en países con sistemas de seguridad social más o menos universal. Los resultados son catastróficos y los únicos beneficiarios son las empresas constructoras, entidades financieras y los especuladores de la salud. Como ejemplo sirva que el banco Santander y Ferrovial son las nuevas empresas de la sanidad pública, y ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez, ex presidente del Real Madrid, se convierte en impulsor de fundaciones privadas de sanidad. Le han adjudicado varios hospitales para construir. El negocio comienza a dar sus frutos. Pero no olvidemos que la empresa privada ya ha demostrado con creces su mal hacer en todos los ámbitos de los sectores privatizados. Recordemos la banca, las telecomunicaciones, las hidroeléctricas, etcétera. En ellas se han vivido escándalos de corrupción, malversación de fondos, extorsión y prácticas mafiosas con un resultado nefasto para el bien común de la ciudadanía. Apagones de luz, el corralito en Argentina, cortes en las líneas telefónicas, contaminación de aguas potables, eliminación de trasportes públicos, cierre de autovías, y de carreteras. En fin, lo propio de amasar dinero y no reinvertir. Pero su modernización la pagamos todos. Alza en las tarifas del gas, el teléfono, el agua y en los bancos incrementos y mayores comisiones. Con estas actuaciones, la privatización será un éxito. Cuando hay problemas el Estado, es decir todos, paga al empresario sus incompetencias y vicios. Pero en la sanidad, el resultado puede ser mas irreversible, su sentido del negocio puede construir una sociedad enferma. En México, Felipe Calderón ya trabaja en esta línea y las empresas españolas se frotan las manos.

Esta lógica perversa que acaba generando la imagen de una sanidad pública congestionada, mal administrada y poco competitiva y sin viabilidad, como si se trata de validar una carrera de obstáculos donde los objetivos se midiesen por la cantidad.