Editorial
Golpe a la memoria de los caídos en la guerra sucia
La liberación de Arturo Acosta Chaparro es un golpe a la justicia y un insulto a las víctimas de la guerra sucia contra opositores perpetrada por el Estado mexicano durante las décadas de los 60 y 70.
El militar recién exculpado sin duda tiene cola que le pisen: fue señalado como responsable de muchas de las desapariciones acontecidas en ese oscuro periodo de la historia de México y fue sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico. Ahora ha quedado libre de todo cargo, pues las leyes mexicanas señalan que un acusado no puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
Hace poco más de seis años fue sentenciado por delitos contra la salud. En un principio recibió una pena de 15 años de prisión. Asimismo, en octubre de 2002 se le abrió -junto al general Francisco Quirós Hermosillo- un proceso penal por homicidio calificado en contra de 143 presuntos guerrilleros, quienes habrían sido ejecutados y arrojados al mar desde un avión.
Pero todo eso quedó en simples apariencias. Primero, el proceso relacionado con la guerra sucia nunca llegó a sentencia, pues el segundo tribunal colegiado del DF determinó que se violaron garantías del militar, ya que supuestamente no se le permitió presentar pruebas que eran básicas para demostrar que no tenía responsabilidad directa en esos sucesos.
Después, la condena por delitos contra la salud fue modificada en agosto de 2005 por el quinto tribunal colegiado, al considerar que el Supremo Tribunal de Justicia Militar (STJM) lo sentenció sin contar con elementos de prueba suficientes. La justicia civil ordenó al STJM emitir una nueva condena, pero ésta quedó pendiente hasta que el jueves pasado, mediante un juicio de amparo, Acosta Chaparro fue exonerado de los cargos en su contra. Así, este viernes, fueron restablecidas todas las garantías individuales del acusado, incluido su grado de general. De acuerdo con Justiniano González, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, la liberación de Acosta Chaparro es incomprensible, "porque en la justicia militar se le comprobaron los hechos y ahora resulta que la justicia civil lo perdona", lo que habla de divergencias serias entre los dos ámbitos.
Como era de esperar, la liberación del militar ha generado indignación entre organizaciones civiles de derechos humanos y familiares de desaparecidos durante los años 60 y 70. Para Celia Piedra, esposa de Jacobo Nájera Hernández, profesor desaparecido en 1974 presuntamente por órdenes de Acosta Chaparro, "no hay duda de que con esta liberación el gobierno de (Felipe) Calderón actuó como los gobiernos priístas: protegiendo a represores. En México no hay justicia; nos quieren hacer como en Chile y Argentina".
Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, no tiene duda de que Acosta Chaparro fue uno de los criminales más "rabiosos del país. Sólo en esta entidad persiguió y torturó a nuestros compañeros Eloy Cisneros Guillén y Octaviano Santiago Dionisio, destacados luchadores sociales".
El activista recordó: "Estuve preso con Gregorio Hernández Brito en la cárcel de Perote, Veracruz, y Acosta Chaparro intentó sacarnos de ahí por la fuerza en 1978. Afortunadamente, los compañeros se amotinaron e impidieron que nos llevaran".
Este caso revela, de forma grosera, la forma como se imparte justicia en nuestro país. Para empezar, las incongruencias entre las leyes civiles y castrenses son evidentes. Harían falta, en este sentido, reformas que evitaran que los hallados culpables en un ámbito sean liberados por el otro, merced a tecnicismos legales o intereses de grupos de poder.
Por otra parte, con la liberación del militar prácticamente se termina con la esperanza de miles de víctimas de la represión de encontrar justicia para ellos y sus familiares desaparecidos. No hay que perder de vista que la gran mayoría de las denuncias presentadas por la guerra sucia han sido desestimadas por todo tipo de triquiñuelas. Este vacío de justicia sin duda perjudica al país.