Fuentes judiciales dudan de que se enjuicie a Marín
Tardará meses la decisión definitiva de la SCJN sobre el caso Lydia Cacho
La decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lydia Cacho tardará meses, y no existen garantías de que el pleno retome las conclusiones del informe elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que se afirma que el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, es responsable de violar gravemente las garantías individuales de la periodista.
De acuerdo con fuentes judiciales, el mes de julio es prácticamente "perdido" para los ministros, ya que inician su periodo vacacional de dos semanas el próximo día 13 y regresan el primero de agosto, por lo que es muy poco probable que el pleno conozca el proyecto de reglamento relativo al artículo 97 constitucional y la facultad de investigación de la Corte.
Así, comentaron los informantes, si el reglamento -cuya elaboración fue acordada en la sesión en que la mayoría rechazó y aplazó el informe de Silva Meza- fuera presentado en agosto, tendrá una carga de sospecha sobre los alcances de la investigación de la SCJN, porque -como lo dijo en su momento Silva Meza- cualquier decisión que afecte la investigación haría ver que la reglamentación se hizo ad hoc, y seguramente para favorecer al mandatario poblano, lo que impactaría negativamente en la imagen de la Corte.
Tras aprobar el citado reglamento, los ministros deben integrar una nueva comisión, que de entrada tendrá que decidir si es encabezada por uno de los ministros.
Lo anterior, porque después de que Silva Meza dio por concluida su labor y anunció la desaparición de la instancia a su cargo, el problema para que la nueva comisión sea encabezada por otro ministro, reconocieron las fuentes consultadas, es que después de que quedó claro que la mayoría del pleno se opone a que el gobernador poblano sea señalado como responsable, difícilmente alguno de los ministros querrá tomar en sus manos una encomienda que ya pasó por dos de sus compañeros en diferentes etapas, con resultados insatisfactorios.
El primer encargado de elaborar un informe sobre el caso Lydia Cacho fue el actual ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a quien el pleno rechazó el proyecto que presentó en 2006, por considerar que era "insuficiente", al no haber involucrado al gobernador poblano. La indagatoria fue realizada in situ por los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín.
El segundo informe, presentado por Silva Meza, en el que sí se demuestra la responsabilidad del gobernador y la violación a la autonomía del Poder Judicial en Puebla, también fue desestimado por mayoría de ocho votos contra tres, pero esta vez con el pretexto de que en la investigación no se había respetado la garantía de audiencia de Marín.
Una vez que se conforme la comisión, ésta necesitará de varias semanas para elaborar un nuevo proyecto de resolución, en el que lo más importante tendrá que ver con que se cumpla al mandatario de Puebla la garantía constitucional de audiencia.
En caso de que la comisión no establezca fechas precisas para los alegatos que quieran presentar Marín, los funcionarios involucrados y la propia parte ofendida (Lydia Cacho), la situación permitirá a la defensa del funcionario presentar argumentos y pruebas de manera indefinida, lo que alargará el procedimiento.
Por lo pronto, admitieron los funcionarios, la mayoría le dio la razón a Marín, quien alegó que la comisión investigadora no respetó su garantía de audiencia, pese a que el pasado 28 de mayo, frente a dicha instancia, el gobernador dijo a Silva Meza que su presencia ante la misma obedecía a que se le señalaba como presunto responsable de encabezar una acción concertada "con el propósito específico de castigar" a la periodista, quien denunció la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil.
Incluso, Silva Meza expresó a Marín: "señor gobernador, le informo que su presencia obedece a que, por una parte, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, brinde su colaboración, con el fin de que aporte datos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad y esta diligencia sirva para que exprese lo que a su derecho convenga".
Pese a ello, Marín se negó a responder a un cuestionario de 15 preguntas sobre los señalamientos en su contra.
Asesorado por los abogados Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte José Vicente Aguinaco Alemán) y Alonso Aguilar Zinser, el mandatario estatal se limitó a entregar su postura en un escrito de 96 páginas. También aprovechó para dejar varias cajas con documentación y "pruebas".
Pero ahora, después de que Marín entregue las pruebas en su favor, la comisión necesitará de tiempo para elaborar un nuevo proyecto, el cual será analizado minuciosamente antes de ser listado para su resolución ante el pleno.
En este contexto, confirmaron los funcionarios consultados, nada garantiza que después de meses de alegatos y análisis del asunto se forme la mayoría necesaria para exhortar al Congreso a que actúe como corresponda -prácticamente, que inicie juicio político contra Marín-, ante la señalada violación grave de garantías y la confabulación de autoridades encabezada por el gobernador contra la autora del libro Los demonios del Edén.