Reunión de legisladores en Acapulco para abordar la reforma del Estado
Los derechos sociales no se cumplen, reconocen diputados
Acapulco, Gro., 2 de julio de 2007. Los derechos sociales asentados en la Constitución "son sólo declaraciones y no se cumplen", reconocieron ayer los partidos políticos al participar en la consulta pública para la reforma del Estado, con el tema Garantías sociales. Por ejemplo, expusieron, "todavía se tiene una gran deuda con millones de mexicanos que viven en la pobreza, marginación y exclusión".
En intervenciones por separado, los legisladores coincidieron en la necesidad de destinar más recursos al Estado para hacer realidad esos derechos. Como ha ocurrido en las otras tres consultas públicas, no asistió ningún representante del gobierno federal.
El diputado priísta Carlos Rojas, ex secretario de Desarrollo Social, se pronunció por que "el Estado asuma a cabalidad su responsabilidad social. Se requiere superar la visión de que las funciones del Estado son sólo subsidiarias o que el gobierno es una simple ventanilla de pagos, como ha sucedido en la última década".
Urge, subrayó, "recuperar las instituciones, en especial las de seguridad social. La alternativa no es la privatización de los institutos de seguridad social y de la prestación de los servicios que ofrecen. Necesitamos garantizar que todos los derechohabientes tengan acceso a una salud oportuna y de calidad, con medicamentos y equipos acordes a las nuevas necesidades que impone la realidad social y el cambio demográfico que vive el país".
La diputada del PAN Beatriz Eugenia García manifestó la coincidencia de su partido respecto de que los derechos sociales deben fortalecerse y acrecentarse. "Debemos responder con todas las fuerzas del Estado a las carencias que aún tienen millones de mexicanos, pero debemos hacerlo de manera responsable, de forma que nuestras propuestas tengan la viabilidad necesaria para convertirse en acciones concretas".
Por el PRD, la diputada Holly Matus resaltó que, si bien en México la Constitución consigna derechos económicos, sociales y culturales, y los convierte en garantías fundamentales desde 1917, "aún estamos lejos de haber logrado el respeto y cumplimiento integral de éstos, puesto que su inclusión constitucional no se vincula a la legislación secundaria, limitando con ello su exigibilidad".
Porfirio Muñoz Ledo, consejero de la presidencia de la Comisión ejecutiva de negociación y construcción de acuerdos del Congreso de la Unión, demandó que en la reforma del Estado se discuta la reforma hacendaria, porque discutir sobre garantías sociales "sin reforma hacendaria" sólo serán buenos deseos.
El investigador Julio Boltvinik destacó que los derechos sociales estipulados en la Constitución y en los instrumentos internacionales que el país ha suscrito "no se cumplen. El reto de la reforma del Estado no es continuar perfeccionando los derechos escritos, tampoco convertirlos en exigibles; el meollo del cambio requerido es pasar de la retórica a los hechos y hacer realidad los derechos sociales vigentes".
El diputado Carlos Rojas, en entrevista hizo notar que la ausencia de uno de los principales actores, el gobierno federal, es excluirse de la posibilidad de construir acuerdos. La consulta de la reforma puede llevar a que el Legislativo se ponga de acuerdo y emita nuevas leyes, y que el gobierno "las acepte o las vete, por excluirse de la discusión".