Culpa de ese flagelo a las carencias institucionales y a la falta de cultura

La impunidad no se debe a una política de Estado: subsecretario de la SRE

JOSE ANTONIO ROMAN

Los elevados índices de impunidad y las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país "no son resultado de una política de Estado", sino de una serie de carencias, rezagos institucionales y falta de cultura que se ubican a todos los niveles, desde el federal hasta el local, aseguró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

En amplia entrevista con La Jornada, el subsecretario señaló también que aunque las denuncias y cifras sobre tortura han disminuido en los años recientes, "es un tema todavía no resuelto" en el cual, junto con la violencia de género, es necesario avanzar.

Adelantó que este gobierno seguirá "absolutamente abierto" al escrutinio internacional en materia de respeto a los derechos humanos. Es cierto, dijo, ningún país está exento de situaciones que lleguen a órganos cuasijurisdiccionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede pedir a un Estado que rinda cuentas. Pero lo importante es no cerrarse al escrutinio y a la posibilidad de recibir cooperación de la comunidad internacional. "Y si algo se le reconoce a México en el ámbito internacional en los años recientes es precisamente esa voluntad de avanzar por la agenda de una mejor protección de las garantías básicas".

El diplomático con 22 años en el Servicio Exterior Mexicano señaló que hoy en día prácticamente ya no queda ningún tratado o convención internacional por ratificar, salvo algunos acuerdos que ya están a consideración del Senado de la República. Ahora, la tarea principal que tiene este gobierno es impulsar la correcta implementación en la legislación nacional.

Sin embargo, dijo que la estructura federal del país complica esta tarea. Lo que había ocurrido en el pasado, explicó, es que el Estado mexicano se adhería a una serie de tratados y confiaba tranquilamente en una lectura muy generosa del artículo 133 de la Constitución, según el cual éstos son ley suprema de la Unión, a la que los jueces deben ajustarse. Pero la realidad es que los juzgadores rara vez invocan un tratado internacional en una sentencia.

Por ello es necesario trasladar esos acuerdos internacionales suscritos por México a normas nacionales. "Entonces el programa que nos hemos trazado para este sexenio es justamente hacer todo lo que podamos con la cancillería para contribuir a la puesta en marcha de los tratados internacionales", dijo el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la entrevista realizada en la nueva sede de la cancillería, Gómez Robledo destacó el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar la superioridad del tratado sobre el derecho federal y local, lo cual se esperaba con "mucha ansia". Esto significa que la Corte definió que la Constitución sigue siendo la norma superior, pero debajo de ella están los tratados y convenciones internacionales, y después las leyes federales y locales. De esta forma, si se presentara alguna contradicción entre un tratado y una ley mexicana, ya sea federal o estatal, prevalece el tratado, lo cual es de "extraordinaria valía" para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en esta materia, y lo cual ayudará a legislar a escala local los acuerdos internacionales.

Además, el embajador señaló que la creciente tendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacer uso de su facultad de atracción para conocer de violaciones graves a garantías individuales indica que el país va en la dirección correcta. Es algo que junto con la capacitación de jueces y magistrados en estos temas ayuda al Poder Judicial a cambiar, y a tener mayor cultura y toma de conciencia sobre la importancia de los derechos humanos para un Estado democrático y el desarrollo del país en general.

Por otra parte, destacó el papel de México en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), órgano que el pasado 18 de junio aprobó la revisión periódica universal de las garantías básicas, lo que significa que los 192 países miembros, sin excepción, serán sujetos a revisión cada cuatro años.

Aclaró que en el contexto del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU las resoluciones hacia países específicos no están exentas, aunque expresó su confianza en que el mecanismo de revisión periódica universal redunde más en acciones de cooperación que de condena, porque éste es el último recurso que se adopta cuando se comprueba que un Estado no coopera con los mecanismos.