El Estado, obligado a proteger el derecho de manifestación: Emilio Alvarez Icaza
Apremian a reformar la Constitución en materia de garantías individuales
En el debate nacional sobre la protección de las garantías individuales el Estado debe garantizar el derecho a la manifestación, el cual implica, a su vez, los de reunión, asociación y libre expresión, así como la no afectación a terceros, manifestó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza.
Durante el foro Mecanismos de defensa de los derechos humanos, la mayoría de los ponentes coincidió en la necesidad de "actualizar" la Constitución en materia de garantías individuales.
Para el ombudsman capitalino, garantizar los derechos de los ciudadanos es una obligación del Estado que deriva en tres niveles:
"Primero, analizar lo legitimado, el origen de los problemas. Más de 80 por ciento de personas que realizan movilizaciones (en el Distrito Federal) lo hacen por problemas estatales o federales. Eso quiere decir que los habitantes pagamos una gran cuota por ser de la capital de la República. Así, ello obliga a crear espacios de concertación política para resolver los problemas. Ya sabemos que hay ciertos momentos en los que va a haber manifestaciones. Por ejemplo, en mayo van a venir los maestros. Entonces, activemos desde antes los espacios de concertación política federal y estatal.
"Segundo, cómo generamos mecanismos de intervención de las autoridades que nos den información oportuna. A través de mecanismos eficaces, que pueden ser tableros electrónicos en las vialidades, como hay en otras ciudades, minimizar los daños de las movilizaciones y mejorar las operaciones del área de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública.
"El tercero tiene que ver con la necesidad de entender que la aplicación de la fuerza no tiene que ser represión. Ya ha habido ejemplos en los que la contención ha sido exitosa. Está el caso de los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su sede está en Tlalpan. La fuerza pública los ha replegado. Deja dos carriles para los trabajadores y dos para los automovilistas. Creo que hoy estamos en la certeza de que la intervención de la fuerza pública no da miedo y no generará más represión o haya granaderos que individualmente administren venganza a los manifestantes."
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Omeheira López, admitió que en el país persiste la violación de las garantías individuales. Por esa razón, resaltó, existe la necesidad de reformar la Constitución.
"El presente foro es un comienzo para determinar los supuestos necesarios de reforma y aquellos que precisan la modificación para garantizar el respeto a los derechos humanos", expresó.