Gravar la educación privada sólo fomentaría el elitismo, advierte José Morales Orozco

No se puede formar profesionistas exitosos en una sociedad fracasada: rector de la Uia

Error, que el gobierno considere a todas las instituciones de enseñanza como empresas de lucro

LAURA POY SOLANO

Las instituciones de educación superior, públicas o privadas, deben fortalecer el compromiso social, tanto en la formación de sus alumnos como en el impulso a una investigación de calidad que también sea pertinente con los grandes retos que enfrenta el país en aspectos tecnológicos, económicos y sociales, consideró José Morales Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana (Uia); dijo que las universidades no pueden formar "profesionistas exitosos en una sociedad fracasada".

En entrevista con La Jornada aseguró que a pesar de la proliferación de instituciones educativas de baja calidad, que más que universidades se han convertido en "maquiladoras de títulos y grados académicos", seguirán existiendo escuelas que consideran la educación como un bien público, porque beneficia a los alumnos, pero también a la sociedad, pues su "objetivo fundamental es la formación de estudiantes con conciencia social y del compromiso que tienen con la transformación del país".

Destacó que con la presentación de su tercer informe de labores ante la comunidad académica y escolar de la Uia -esta tarde- se fortalecen los esfuerzos por alcanzar mayor desarrollo educativo, pero también el "combate a la pobreza", al consolidar el compromiso social de estudiantes e investigadores.

-¿Cree que las universidades, públicas y privadas, están asumiendo este compromiso social?

-El hecho de ser una universidad ya implica un compromiso, no sólo con el entorno inmediato, sino con la sociedad en su conjunto, porque como institución educativa la sociedad nos interpela y debemos estar atentos a sus demandas, pero también para incidir, mediante el conocimiento, en la transformación de México en un contexto de globalización.

-¿Pero las universidades están cumpliendo con ese compromiso?

-Entre la enorme gama de instituciones de educación superior que hay en México, están las que consideran la enseñanza como un bien público, pero también las que difícilmente se pueden llamar universidades, porque no están abiertas a la universalidad del conocimiento ni realizan las actividades sustantivas de una institución de ese tipo, como docencia, investigación, vinculación y difusión; más bien diría que son empresas que han incursionado en el ámbito de la educación para obtener una utilidad, y que han proliferado.

"Sin embargo, no podemos negar que están cumpliendo un papel social, pues se dirigen a un amplio sector de la población juvenil que no tiene acceso a la enseñanza pública por falta de cobertura, pero que tampoco pueden pagar una educación privada de calidad. La tarea no es tanto combatirlas y condenarlas, sino cómo ayudarles a que cumplan con el mínimo de calidad para formar buenos profesionistas con un compromiso social, pues de lo contrario miles de jóvenes acabarían en la calle".

-¿Cómo evaluarían la entrega del reconocimiento de validez oficial de estudios (Revoe) en el que se amparan estas instituciones?

-Si se diera cumplimiento a los requisitos que planeta la Secretaría de Educación Pública (SEP) equivaldría a cierta acreditación, porque dar un Revoe requiere un mínimo de exigencias de calidad. El problema ha sido que en su entrega ha habido mucha corrupción, no tanto de la SEP, sino de las secretarías del ramo en los estados y por parte de algunas universidades públicas autónomas.

"Hemos hablado con la SEP y con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para reiterar que si la exigencia del Revoe se cumpliera, hasta cierto punto ya sería una acreditación, pero cuando se da sin cumplir los requisitos, por compadrazgos o lo que sea, porque incluso lo puede otorgar un gobernador, continúa un problema de coordinación entre las esferas federal y estatales en materia de educación para determinar criterios exigentes en la entrega de dicho reconocimiento".

-¿Cuáles serían las prioridades para el sector educativo?

-Cobertura y calidad, porque si bien en la educación básica la primera ha ido avanzando, no ha sido así en los niveles medio y superior, pues a pesar de que el reto es muy fuerte, a la larga mayor cobertura sin calidad siempre lleva a la desigualdad. Son aspectos que se tienen que integrar, pues al mismo tiempo que el gobierno federal hace un esfuerzo por ofrecer educación pública gratuita, también debe ser de calidad.

Creo que si el gobierno federal realmente quiere llegar a una cobertura de 30 por ciento en la educación universitaria, como prometió el presidente Felipe Calderón, en los cinco años que le quedan de administración debe llegar a una inversión de 1.5 por ciento del producto interno bruto en el sector.

"Sabemos que se trata de un enorme reto para la administración federal, que se ve reflejado en la nueva reforma fiscal, que sí nos preocupa a las universidades particulares, porque nos están considerando como una empresa privada sujeta a pagar el impuesto de tasa única".

-¿Cuál sería el riesgo de aplicar esta reforma fiscal?

-No se está reconociendo que dentro de las instituciones educativas particulares hay algunas que no son de lucro, que podemos dar recibos deducibles de impuestos y que somos muy transparentes en el manejo de nuestros recursos. Hay otras que sí son de lucro, pero se las han arreglado para no aparecer como tales, con evasión fiscal, entre otras cosas. Lo que queremos es que a las universidades realmente interesadas por la educación, no por obtener utilidades, que ofrecen educación de calidad y con compromiso social, se nos distinga de las que no lo son.

"No estamos buscando privilegios, sino simplemente que a aquellas que son empresas educativas se les considere como tales, y que se les aplique el impuesto, pero a las que no somos así, que se haga una distinción y un trato diferencial, transparentando contable y fiscalmente cómo se gastan los recursos".

-¿Se han acercado al gobierno federal para expresarle esta preocupación?

-Hemos hablado con algunos diputados y funcionarios de Hacienda para hacerles ver que esta reforma fiscal será contraproducente, porque si se aplica y se grava la educación, como se pretende, va a propiciar que subamos las colegiaturas. Será un proceso inflacionario y, a la vez, generará que las universidades privadas sean cada vez más elitistas, con lo que se caerá en otro círculo vicioso, que también impactará la cobertura, porque la lógica de la ley es obtener recursos de donde sea, y dado que las universidades privadas han proliferado con este fin de lucro, a todos nos midieron igual, como si todas estuviéramos en la misma categoría.