Soborno y extorsión, las constantes, admite
Hipercorrupción generalizada en el país: Martínez Cázares
México está inmerso en una ''hipercorrupción'', cuyos mecanismos, el soborno y la extorsión, tienen ''uso generalizado en todos los niveles de la convivencia social'', admitió ayer el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares.
Al participar en el seminario internacional Etica en la gestión pública y la lucha contra la corrupción, destacó que a la fecha el fenómeno ha ahuyentado 35 por ciento de la inversión extranjera en el país; los hogares con hasta un salario mínimo -los más pobres- pagan por actos de corrupción 24 por ciento del total de su ingreso, es decir, una cuarta parte de su patrimonio.
La deuda del país también es más cara en 3.08 por ciento por la ''opacidad y la corrupción'', y es que esos fenómenos obligan al Estado mexicano al pago de una prima de riesgo, incluido el hecho de que la opacidad tiene un costo implícito para las empresas, equivalente a un impuesto de 15 por ciento.
Señaló que aunado a la ''merma patrimonial'' que para los mexicanos producen las prácticas corruptas, éstas afectan también la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas de las personas más pobres, porque ''desincentivan el pago de impuestos y en consecuencia obstruyen los esfuerzos institucionales para aumentar la recaudación. Los contribuyentes dejan de pagar impuestos debido a que perciben que los dineros públicos se malgastan o se desvían, a fin de que no redunden en beneficios sociales, o bien incurren en no pago en la expectativa de que pueden evitar las sanciones mediante actos ilegales''.
Ante el magistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón Real, así como el juez y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, Juan Guzmán Tapia, entre otros especialistas, el funcionario admitió que mientras no se combata de manera frontal y formal la corrupción en el país, ''no será posible abatir la bancarota de la educación, el mal funcionamiento de los hospitales, la incapacidad del Estado para dotar de vivienda digna o la insolvencia gubernamental generada de generar (sic) una infraestructura que vertebre a México''.
Incluso, planteó que este problema ''profundiza la desigualdad y la pobreza''. Y es que, ''en contextos de corrupción sistemática, no se puede realizar una actividad económica o acceder a bienes y servicios públicos sin pagar un soborno''. Además de que ese fenómeno provoca ''fuga en los ciclos de reinversión de ganancias de los agentes económicos, en tanto costo implícito a la producción y al consumo, y distrae recursos que pudieran destinarse a la ampliación de actividades económicas.
''La corrupción -subrayó- se asienta en prácticas, rutinas y costumbres. No es sólo un problema de diseño institucional o resultado de deficiencias legales, pues el soborno se presenta desde la infancia.''
Detalló: 15 por ciento de la población de entre 10 y 15 años dijo haber practicado el soborno alguna vez, porcentaje que se incrementa a más de 40 por ciento entre quienes tienen entre 15 y 25 años, y se eleva a 57 por ciento entre los de más de 30 años.
Los datos que aportó el funcionario -provenientes de estudios sobre el nivel de opacidad en México; del índice de resultados de corrupción y buen gobierno; sobre la percepción de la corrupción, y otros de carácter nacional e internacional- abarcan una década. Y pese a los resultados, aseguró que ''con la transición democrática'', encarnada en el gobierno de Felipe Calderón, se han dado reglas institucionales destinadas a disminuir los niveles de corrupción. ''La pluralidad social dio paso a una pluralidad política y ésta dio sentido a los dispositivos constitucionales de asignación y control del poder''. Pese a ello, admitió, ''la percepción de alta corrupción no ha disminuido''.
En tanto, el juez Baltasar Garzón destacó que el combate a estos problemas es una tarea de todos, empresarios, sociedad civil y otros, no sólo del gobierno federal, y consideró que la mejor arma preventiva es la educación. Consideró además que el éxito o fracaso de una sociedad depende de la independencia del Poder Judicial, lo que no significa que los juzgadores posean el derecho de actuar con arbitrariedad.
''La independencia de los jueces no implica que tengan falta de control y que estén alejados de los demás sectores de la sociedad, pues su actuar significa responsabilidad como institución del Estado y coordinación con los demás poderes'', concluyó.