No todo está perdido, pese a la ofensiva de gobiernos: ISP
Piden que México encabece la defensa de los planes de retiro
Aunque la tendencia mundial es reformar los sistemas de pensiones y jubilaciones, "eso no quiere decir que se deba aceptar la imposición de esquemas que van en contra de los derechos de los trabajadores, como en el caso de México con la aprobación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", afirmó Oscar Rodríguez, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), central que aglutina a más de 20 millones de trabajadores en el mundo y cuya sede está en Francia.
Rodríguez abundó que en el país se transita hacia el establecimiento de un modelo de pensiones denominado sustitutivo, y que es el que se instauró en Chile en 1981. Ese modelo traspasó toda la responsabilidad del gobierno a los particulares y ha derivado en que los montos de las pensiones sean "mínimos", ya que los costos de administración de las operadoras consumen una buena parte de los recursos.
Al participar en el foro Ley del ISSSTE y las reformas a la seguridad social y a los sistemas de pensiones en el ambito internacional, Rodríguez manifestó que aunque en América Latina ninguno de los 11 países que ya cuentan con reformas a los sistemas de pensiones ha revertido estas determinaciones, eso "no implica que todo esté perdido, y pese a que no hay ejemplo concreto en la región, ojalá México sea el primero, y genere un efecto dominó, porque no todo está dicho. Si se da por aceptado un modelo impositivo y verticalizado se está aceptando una derrota".
El sindicalista apuntó que son cuatro las razones por las que a escala global las naciones están optando por reformar. En primer lugar el envejecimiento de la población, la deficiente administración de los fondos de pensiones, la flexibilidad laboral -precarización del empleo- y el crecimiento del trabajo informal. No obstante -subrayó- es una tendencia general que los gobiernos culpen a los trabajadores del deterioro de los sistemas y emprendan los cambios sin consultarlos, o bien sólo pactando con sectores, ya sea políticos o sindicales, que "no son los más representativos" para tomar las decisiones, pues dijo que en el fondo lo único que buscan es dar "legitimidad" a una determinación que por lo general es "contraria a los derechos laborales".
Refirió que los gobiernos deben emprender una "mayor democratización de los procesos de reforma", dando más participación a los principales involucrados: los trabajadores, y sobre todo "meter bisturí" en la recaudación de impuestos, pues el problema de la falta de recursos para costear las pensiones también se relaciona con "actos de corrupción", no sólo en el manejo de los fondos, sino también en que no existen suficientes recursos por causa de la evasión de grandes "empresarios y patrones".
En cuanto a qué tipo de esquema de administración de pensiones tiene actualmente México, sostuvo que desde 1997 -tras la primera reforma al Instituto Mexicando del Seguro Social- el modelo era paralelo (mezcla de público con privado), pero ahora, luego de la reforma al ISSSTE, se encamina a un modelo sustitutivo, en el que se da un salto de lo público a los sistemas privados. Sin embargo, en las condiciones presentes refirió que el modelo es "gallo-gallina", porque no es ni lo uno ni lo otro.