La obra costó $258 millones y tendrá que ser demolida; demandarán a empresas

Buscan a funcionario responsable de un distribuidor vial defectuoso en Coahuila

LEOPOLDO RAMOS

Saltillo, Coah., 4 de julio. El juzgado primero de Saltillo libró una orden de aprehensión contra Manuel Gómez Parra, ex director de caminos de la Secretaría de Obras Públicas del estado, por haber autorizado la construcción del distribuidor vial Revolución de Torreón, que costó al erario más de 258 millones de pesos y deberá ser demolido debido a que tiene fallas estructurales.

La Secretaría de la Función Pública del estado está por fincar responsabilidades civiles y administrativas contra Grupo BM, Acolsa y Coordina, las empresas que estuvieron a cargo del proyecto, la construcción y la supervisión de la obra.

Jesús Torres Charles, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, informó que Gómez Parra era el encargado de supervisar el desarrollo de la obra, realizada entre 2001 y 2002, en la gubernatura de Enrique Martínez.

A Gómez Parra se le acusa de ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de la función pública, delito que en Coahuila se castiga hasta con cinco años de cárcel, pero permite la libertad bajo fianza.

Señaló que el acusado tuvo conocimiento de los defectos del proyecto, y aunque ordenó la reparación parcial de los daños no hizo detuvo la obra ni pidió a las empresas constructoras y proyectistas responsables la reparación total.

Peritajes hechos por especialistas del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Grupo de Ingenieros Militares Asociados descubrieron que los cuatro puentes del complejo vial muestran grietas y huecos y la estructura tiene trasposiciones mayores a lo permitido por estándares internacionales. Todas estas fallas ponen en riesgo la seguridad de los automovilistas.

Por ahora, el ex secretario de Obras Públicas Jorge Viesca Martínez no tiene responsabilidad penal, aunque no se descarta la posibilidad de que Gómez Parra lo pueda involucrar.

El procurador señaló que, mediante demandas civiles y administrativas contra las tres empresas involucradas, el gobierno del estado buscará recuperar el dinero que se gastó en la construcción y obtener el que se requerirá para la demolición y posterior reconstrucción.

''De entrada estamos hablando de que hay un daño patrimonial de 258 millones de pesos, pero falta ver las evaluaciones que hagan las empresas que van a demoler los cuatro puentes y que posteriormente los volverán a levantar'', dijo.