La sociedad en la reforma del Estado
El día de ayer concluyeron formalmente las mesas de consulta pública para la reforma del Estado. Los trabajos comenzaron el pasado 7 de junio. La convocatoria fue publicada el 24 de mayo de 2007; respecto de la temática y dinámica a desarrollar pretendió, de acuerdo con lo que se lee, que la consideración por la sociedad de los planteamientos en general sea un referente de primer orden. Esto se refuerza con los cinco grandes apartados: 1. Régimen de Estado y gobierno; 2. Democracia y sistema electoral; 3. Federalismo; 4. Reforma del Poder Judicial; y 5. Garantías sociales.
Ahora, las perspectivas, conforme a la propia Ley para la Reforma del Estado, estarán en manos de los legisladores y de su disposición, capacidad y, principalmente, claridad en los objetivos. Por una parte, más allá del voluntarismo, se encuentra el compromiso de los partidos políticos para que puedan asumir y sustraerse en lo posible del siempre complejo y atractivo tema de la reforma electoral. Con el aliciente en esta coyuntura de la hipotética modificación a la formación del consejo general del Instituto Federal Electoral. A esto hay que añadir un año, 2007, de intensa actividad electoral: 14 comicios en 13 entidades provocan que otros temas, como la reforma fiscal o hacendaria, o el tratamiento de la administración de Petróleos Mexicanos, se vean condicionados e incluso bloqueados.
Hasta el momento, gran parte de la atención en el debate sobre la reforma del Estado la concentra la naturaleza, misión y perfil que debe asumir el mismo Estado. Sin embargo, queda la gran duda de quiénes y cómo asumirán la nueva naturaleza de las reglas políticas. La calidad y consistencia de la ciudadanía es tanto o más importante que el mismo proceso de reforma institucional. En efecto, será la sociedad la que ponga en práctica o no las nuevas reglas, mismas que fueron impulsadas por la intensa dinámica de movilización de organizaciones, opinión pública, medios de comunicación, entre otros, cuyos puntos de vista y propuestas ahora requieren ser incorporados.
La gran prueba en el proceso de reforma del Estado será dotar a la muy compleja negociación de una legitimidad indispensable que la acompañe durante toda la jornada para que desde el inicio la viabilidad de los acuerdos sea de tal consistencia que apunte hacia la necesaria mudanza de régimen político.
Al respecto nos señala Claus Offe (Varieties of transition, 1997) en torno a la transición en los casos de Europa del este: el primer nivel, y por tanto básico y crucial, es responder a la pregunta "¿quiénes somos?", es decir, cuáles y por qué son nuestras identidades como ciudadanos ante el proceso de decisiones del gobierno al que queremos modificar por obsoleto, ineficiente, corrupto, incapaz o todo al mismo tiempo. En segundo lugar, la instauración de reglas, procedimientos y derechos "que deben ser establecidos junto con la Constitución o el marco jurídico del nuevo régimen". Y tercero, como culminación del proceso, cuándo, cómo y quiénes llevarán adelante la transición.
Este aspecto es crucial: precisar quiénes serán los operadores que contando con la confianza de la ciudadanía serán los encargados de articular las expectativas y traducirlas en leyes e instituciones. Los operadores son al final del día la parte que deberá guardarse de las presiones o animosidades para lograr alcanzar, mediante la constante negociación, nuevos escenarios de estabilidad.
Así, la conjunción sociedad-Estado, en ese orden, será el antecedente que mejores condiciones ofrezca a la reforma del Estado, o que al menos en un contexto de intensidad de la protesta y tendencias a la radicalización política, evite el desmantelamiento del Estado mismo (riesgos reales que se viven en Bolivia -amenaza de secesión- y Ecuador -disolución reciente del Congreso-, por ejemplo).
En consecuencia, y conforme a las experiencias, guardando las especificidades de cada caso nacional, la participación social organizada en el proceso de reforma del Estado conduce a una transición con sólida base de legitimidad, lo que permite asegurar una nueva etapa institucional y, por consecuencia, constitucional.