La justicia paraguaya concede ampliar la extradición del ex jefe policiaco
Ex represor Samuel Miara podrá ser llevado a juicio oral en Argentina
Querella en Tucumán contra unos 40 militares por torturas en el Operativo Independencia
Buenos Aires, 8 de julio. La justicia paraguaya confirmó la ampliación de la extradición, concedida a Argentina en 2005 respecto del ex comisario Samuel Miara, quien podrá ser llevado a juicio oral en este país, donde está detenido preventivamente por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en centros clandestinos de detención, y por la apropiación de unos gemelos nacidos en cautiverio, cuyos padres fueron desaparecidos.
La decisión de la justicia paraguaya abrió la posibilidad de que Miara -detenido en el mismo penal en que se encuentra el condenado ex comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian Von Wernich, juzgado en estos momentos en los tribunales de La Plata- también pueda ir a juicio oral.
Reconocido por sobrevivientes en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, que estaban en el área del primer cuerpo del ejército, y acusado por más de 155 casos de torturas y secuestros y desapariciones, Miara fue protagonista de una de las historias más trágicas, ya que arrebató unos gemelos recién nacidos a su madre detenida en uno de estos lugares y los inscribió como propios en febrero de 1977. El sabía perfectamente el destino que habían corrido los padres de estos niños.
Cuando el retorno de la democracia, huyó a Paraguay con ambos, donde fueron detectados en la desesperada búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Los jóvenes hijos de Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Ana Tolosa tuvieron muchas dificultades en el intento por retornar a su verdadera identidad.
Durante estos dos últimos años se había apelado de la extradición de Miara, pero ahora la defensa del represor ya no podrá hacer nada más.
Otros acusados como Miara, entre ellos Raúl Guglielminetti, de larga historia y ligado a lo sucedido en Automotores Orletti, el centro clandestino adonde llevaron a varias víctimas de la Operación Cóndor, también quedan en la misma situación.
Mientras, en la nororiental provincia de Tucumán, los abogados de la organización Hijos (de desaparecidos) por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) presentó una querella en representación de una obrera -cuyo nombre se mantiene en reserva- que estuvo detenida en varios centros clandestinos que funcionaron en esa provincia, quien denunció al general Antonio Domingo Bussi y a otros 40 militares y policías por los horrores que vivió durante su cautiverio.
Esto sucedió en el Operativo Independencia en 1975, y que fue la antesala de la dictadura. El temible operativo de contrainsurgencia, que dejó muertos y desaparecidos, estuvo bajo la dirección del general Acdel Vilas, al que luego sucedió Bussi. En la lista figuran otros altos oficiales como los generales Luciano Benjamín Menéndez, quien fue jefe del tercer cuerpo del ejército (el mismo que se rindió a los ingleses en la guerra de Las Malvinas), Alberto Cattáneo (ex jefe del destacamento 142 de inteligencia) y otros.
También está acusada la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ministros de entonces, por haber firmado el Decreto Secreto 261 (el 5 de febrero de 1975) que ordenaba al ejército aniquilar la subversión. Los militares lo interpretaron obviamente como "aniquilar" a todos los disidentes.
Con esta presentación judicial se busca demostrar cómo con el Operativo Independencia comenzó el genocidio en Tucumán en 1975, e incluso la implantación de la metodología de los centros clandestinos de detención como la llamada Escuelita de Famaillá, la jefatura de policía y el penal de Villa Urquiza.
Además, el juez federal de Rawson Hugo Sastre procesó en estos días a nueve de los 15 marinos acusados por el espionaje ilegal descubierto en la base Almirante Zar en Trelew, sur del país, hace año y medio, que incluyó fichas incluso de la actual ministra de Defensa Nilda Garré, y seguimientos que se hacían a los participantes en los actos de conmemoración de la matanza de Trelew.
Precisamente en estos momentos la ministra Garré está activando los proyectos para introducir importantes cambios en la instrucción militar. El viernes pasado cerró una jornada de tres días dedicada a "compartir reflexiones sobre los valores y principios de la profesión militar", organizadas por el Ministerio de Defensa y la armada.
La funcionaria dijo que "en un Estado democrático de derecho, los militares son considerados ante todo como ciudadanos y luego como servidores públicos especializados en la defensa nacional (...) como parte de la sociedad civil y no como algo diferente a ella".
"En particular queremos hacer referencia a tres de los ejes de la modernización del sector defensa: la adaptación del subsistema de formación y capacitación, la implementación de la perspectiva de derechos humanos y género, y la adaptación del subsistema de justicia militar", dijo Garré ante militares e invitados especiales, profesores, especialistas en derechos humanos de América Latina y Argentina.
Estas jornadas repitieron otras realizadas por iniciativa de las actuales autoridades de la marina en 2005, y lo importante es que se realizan mientras la justicia sigue adelante con las deudas del pasado.