Los indígenas, atrapados en una rebatiña entre gobiernos estatales y empresas
Los nahuas de Ayotitlán, parias en una de las zonas más ricas del país
La minera Peña Colorada obtiene ganancias hasta de mil 500 millones de dólares al año en una comunidad donde las constantes son la desnutrición, el analfabetismo y la carencia de servicios
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El representante del consejo de mayores de la zona nahua de Ayotitlán, Gaudencio Roblado Mancilla, muestra uno de los mapas que señalan los límites territoriales del ejido
Foto: Arturo Campos Cedillo
Cuautitlan de Garcia Barragán, Jal., 8 de julio. Habitan en la zona de mayor biodiversidad de Jalisco, cuna mundial del maíz y donde se encuentra la mina de hierro más rica de México, la cual deja ganancias anuales hasta de mil 500 millones de dólares. Sin embargo, los indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán viven marginados y en la indefinición: gran parte de su territorio se ubica en la franja que se disputan Jalisco y Colima.
Primero fueron despojados de sus tierras por los españoles, y aunque después se las restituyeron con títulos virreinales, éstos no son reconocidos, lo que ha ocasionado juicios agrarios que, 80 años después, siguen sin resolverse.
De las 50 mil hectáreas pertenecientes a los nahuas, según decretos presidenciales, 8 mil son controladas por compañías mineras y cerca de 9 mil se localizan en la reserva de la biosfera de la sierra de Manantlán, donde se prohíben los asentamientos humanos y las actividades productivas.
Además, el gobierno de Colima reclama hace 30 años 3 mil 500 hectáreas del ejido de Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Jaime Hernández Lamas, investigador de la Unidad de Atención a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que los litigios de tierras se iniciaron en 1921, cuando 199 comuneros solicitaron a la entonces Comisión Agraria Mixta que les reconocieran el derecho a vivir donde los nahuas lo han hecho por cientos de años.
Los indígenas presentaron títulos virreinales como prueba de su derecho ancestral, pero las autoridades, enteradas de la riqueza forestal de la zona, objetaron que no eran originales.
Una resolución presidencial de 1963 permitió crear el ejido de Ayotitlán, mientras que a los poblados de Chacala y Cuzalapa sí les fueron reconocidos los títulos virreinales y con ello pudieron constituirse en comunidades indígenas, no en ejidos.
Las divisiones entre la etnia facilitaron la entrada de talamontes, que depredaron la zona hasta que se creó la reserva de Manantlán, pero posteriormente llegó la minera Peña Colorada, relata Hernández Lamas.
El decreto mencionado reconoció 50 mil 332 hectáreas para el ejido de Ayotitlán, pero sólo se entregaron 34 mil 300 y los indígenas interpusieron un amparo. Aunque el recurso jurídico se resolvió hace 39 años en favor de la comunidad, no se le han restituido el resto de las tierras.
De cumplirse la ejecutoria, la minera Peña Colorada perdería 5 mil hectáreas donde se ubica una mina de hierro, a los latifundistas se les quitarían otras 3 mil y hasta la reserva de la sierra de Manantlán resultaría afectada.
Marginación y explotación
En el ejido de Ayotitlán hay alrededor de 7 mil 400 nahuas dispersos en 88 comunidades. El investigador canadiense Darcy Victor Tetreault Webber señala que 88 por ciento de los indígenas habitan en viviendas con piso de tierra; 40 por ciento carecen de electricidad y 30 por ciento de agua entubada. Sólo 17 por ciento cuentan con drenaje y servicio sanitario.
Más de 60 por ciento de la población que tiene 15 años o más no ha completado la primaria; 31 por ciento es analfabeta; 92 por ciento carece de seguridad social y 41 por ciento de los infantes padecen desnutrición.
Si el ejido de Ayotitlán fuera un municipio, sería el segundo de Jalisco en cuanto a marginación y ocuparía el lugar 110 entre los 2 mil 442 del país.
Tetreault Webber indica que la explotación forestal comercial en la sierra de Manantlán comenzó a finales de siglo XIX, cuando la empresa extranjera Colima Lumber Company llegó al actual territorio de Ayotitlán.
''Esta explotación continuó hasta 1940, cuando un talador mexicano llamado Longinos Vázquez tomó el control de la región e instaló un aserradero'', explica.
A Vázquez le siguió otro cacique, Antonio Correa, quien explotó los bosques de Manantlán entre 1950 y 1983 y deforestó alrededor de 36 mil hectáreas mediante títulos fraudulentos y el bloqueo a la reforma agraria en la zona.
Con la deforestación llegó el terror impuesto por los caciques madereros, principalmente en Tenamaxtla, donde todo el poblado fue ''barrido'' en 1951, supuestamente por órdenes del general Marcelino García Barragán.
De acuerdo con Jaime Hernández Lamas, la empresa Peña Colorada signó con el ejido de Ayotitlán un convenio de explotación minera (cuestionado por las presiones a los votantes) con el ejido de Ayotitlán, cuya vigencia es de 30 años a partir de 1988.
Mediante el acuerdo se pagaron al ejido un millón 600 mil pesos, pero las ganancias brutas de la minera van de 850 a mil 500 millones de dólares anuales.
En noviembre de 1971 la indefinición territorial permitió que el gobierno de Colima emitiera un decreto que declaró de utilidad pública el establecimiento de una zona industrial, para lo cual expropió cinco terrenos presuntamente ubicados en el municipio colimense de Minatitlán.
Un mes después expidió otro decreto que autorizaba al gobierno a celebrar un contrato de fideicomiso con Nacional Financiera para explotar minas en los terrenos expropiados.
Antes de que ambos decretos fuesen publicados ya se había construido aproximadamente 30 por ciento de las instalaciones mineras.
Esta maniobra permitió que Colima se apropiara de más de 200 hectáreas de territorio jalisciense, entre ellas 3 mil 500 del ejido de Ayotitlán.
El gobierno de Jalisco permaneció impávido hasta 1998, cuando interpuso un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta la fecha no ha emitido una resolución.