Sin control, el parque vehicular; personas ajenas a la fiscalía recibían vales de combustible

Irregularidades en la Femospp incluyeron mal manejo de recursos y bienes materiales

ELIZABETH VELASCO, GUSTAVO CASTILLO

Desde que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) inició actividades en 2002, no sólo se registraron irregularidades en el ejercicio del presupuesto, sino también en la contratación, control y calificación del personal, así como en el manejo de recursos y bienes materiales, indican los resultados de la auditoría 19/04 practicada a esa institución por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En las más de 7 mil cuartillas que integran el resultado de la revisión gubernamental se documentó la existencia de inconsistencias en el manejo del Fondo Rotatorio de la Femospp -una especie de caja chica al servicio del fiscal y su personal-; en las erogaciones por alimentación y servicios de "traslado" de personas; en la contratación de plazas; en el perfil de los contratados (mandos medios sin la escolaridad requerida para el cargo); en el control de la asistencia del personal, y otras.

Inclusive, el documento de la SFP cuestiona que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto "acondicionó una oficina en su residencia", a la que trasladó a "dos servidores públicos como apoyo sin la autorización del procurador general (de la República) para estar en un lugar distinto a las oficinas que ocupa la fiscalía".

Sobre los bienes y recursos materiales reporta: ausencia de documentos para el resguardo del equipo de telefonía y del parque vehicular, en particular de 19 automóviles de un total de 32 utilizados; otorgamiento de vales de combustible sin la comprobación respectiva y a personas "ajenas" a la institución; "bienes propiedad de los servidores públicos" que, "sin la documentación soporte", entraban y salían de las instalaciones de la Femospp, entre otras irregularidades.

De los bienes de trabajo se asentó que la Dirección General de Recursos Materiales "no validó el inventario de mobiliario y equipo de cómputo"; dos computadoras y una fotocopiadora se trasladaron sin autorización al Archivo General de la Nación; personas "ajenas" a la fiscalía tenían acceso a bienes de la Femospp e incluso los resguardaban, por citar sólo algunas anomalías.

A pesar de que la SFP tuvo que entregar la auditoría 19/04 mediante la interposición de un recurso de inconformidad tramitado con base en la Ley de Transparencia, hubo partes que fueron reservadas por un plazo de 10 años, aun así se pudo conocer la existencia de irregularidades en la Femospp.

La caja chica

La auditoría del bienio 2002-2003, entregada a La Jornada por orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), revela que en el Fondo Rotatorio -ejercicio 2003- se tuvo un "excedente" en gastos por 194 mil 884.43 pesos, en un trimestre. Para 2004, fecha de la auditoría, se indica que en trámite se encontraban diversos "documentos de rembolso" a ese fondo por la suma de 902 mil 692.31 pesos.

Tan sólo en 2003, de ese fondo se ejercieron 4 millones 504 mil 268.35 pesos, por conducto de cuatro cuentas bancarias de Bital.

De agosto a septiembre de 2003 se "transfirieron, pagaron y depositaron" por concepto de "GI" (aparentemente Gastos de Investigación) 619 mil pesos entre las cuentas 4025037235 a la 4023473044 de Bital, pero no se precisa el destino final del dinero.

Las irregularidades -se indica- obedecen a la "falta de supervisión por parte de la Dirección de Administración al Departamento de Recursos Financieros, además (que los informes) no se apegaron a la normatividad vigente para su elaboración".

Sobre gastos en alimentos de los funcionarios, el Organo Interno de Control (OIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) -dependiente de la SFP- precisa: "De la revisión a la partida 2206 'Productos alimenticios para el personal, derivado de actividades extraordinarias', correspondientes al ejercicio 2002, se determinó:

"a) 30 facturas por 9 mil 385.10 pesos sin relación de nombres de los servidores públicos que recibieron este beneficio; b) 41 facturas por 14 mil 470.44 debieron afectar la partida 3821 'Gastos para alimentación de servidores públicos de mando (...), y cuya justificación no es acorde a la partida'; c) Los comprobantes de consumo no cuentan con la validación del gasto por el titular de la unidad", entre otras observaciones.

Una revisión exhaustiva que hizo este diario de los informes financieros presentados en la auditoría 19/04 arroja otros datos:

El 15 de noviembre de 2002, la Femospp -no se precisan nombres- gastó 32 mil 7 pesos en una comida en el restaurante La Cava; el pago se hizo con los cheques 589371, 589372 y 589373 de Bital, por 14 mil 721 pesos, 8 mil 144 pesos y 9 mil 142 pesos, respectivamente. Por ese mismo concepto, en nueve días y en el mismo restaurante, la Femospp erogó 86 mil 44 pesos, ese año.

A esos gastos se suman los de Carrillo Prieto y el personal a su cargo (la Femospp contó en 2003 con 120 plazas con un costo para el erario de 3 millones 248 mil 845 pesos), y se anexan facturas de pago de aviones, alimentos, hospedaje y otros en entidades adonde constantemente viajaron (sobre todo Guerrero, Nuevo León y Sinaloa) para entrevistarse con familiares de personas desaparecidas durante las décadas de los 70 y 80.

Los recursos para esos gastos salían del fondo referido, del cual se transfirieron a Carrillo Prieto, en 2003, 143 mil 390 pesos; a Francisco Javier Partida Martínez, director de Control de Procesos y cercano colaborador del fiscal, 322 mil 375 pesos; a Olga Georgina Landa, directora de Control y Evaluación, supuestamente comisionada en Atoyac de Alvarez, Guerrero, 92 mil 174 pesos, y a Mario Ramírez Salas, quien actuó como director general de Cooperación y Participación Ciudadana, 131 mil 784 pesos, por citar algunos. Cabe destacar que poco más de 42 mandos superiores y medios eran de la confianza de Carrillo y otros agentes que se trasladaron a los estados también usaban recursos del fondo.

Se indica además que, a un año de iniciar actividades, en la Femospp existía "falta de control y supervisión" en el personal contratado por parte de la subdirección de recursos humanos y por el director de administración de la fiscalía.

De las irregularidades más relevantes -detectadas en junio de 2004- se asientan:

Al menos 35 plazas de mandos medios y superiores se crearon "sin justificación"; 23 personas laboraban para la Femospp sin haber sido contratadas por la PGR; seis ministerios públicos no contaban con la designación del procurador y otros ocho agentes no hicieron examen de oposición; 19 desconocían la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), y había quienes realizaban actividades distintas a su cargo o quien además de tener un cargo de mando superior ocupaba otra plaza en una dependencia distinta.

En suma, de 120 empleados relacionados en forma directa con las gestiones de la Femospp, 32 desconocían las funciones de la unidad, 44 la estructura orgánica, 11 los objetivos de esa fiscalía y otros cuatro las funciones a realizar.

Destaca la auditoría que esas irregularidades violaron el artículo 11, fracción III, capítulo II del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, así como el artículo 8, fracción I y XVI de la LFRSP, además que la fiscalía laboró esos dos años sin manual de organización y procedimientos, lo que tuvo como efecto el "desconocimiento del personal de los objetivos, normas, políticas y procedimientos para la realización de sus funciones, en detrimento de la consecución de los programas y metas propias".

Además se registraron "cobros indebidos" de salarios por personal que ya había dejado de prestar sus servicios en la fiscalía, pero que oficialmente no había presentado su renuncia a la Subdirección de Recursos Humanos, y conservaron identificaciones que los ostentaban como agentes y otros servidores.

Del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales se asienta que había "falta de supervisión y control" por parte de la dirección de Administración. Esto derivó en "el otorgamiento de vales de combustible a personal sin la comprobación respectiva, en detrimento al erario de la institución".

Como conclusión, la auditoría asienta que "se detectó un posible desvío de bienes y recursos en deterioro de la institución".