Regresa a un juzgado federal el caso Prevoisin
En lo que representa uno de los litigios judiciales más largos en el país (más de ocho años y aún no hay sentencia de primera instancia), el caso del presunto fraude por 72 millones de dólares cometido en contra de Aeroméxico por su ex presidente Gerardo de Prevoisin regresó al ámbito de los juzgados federales, luego de que hoy un tribunal colegiado de circuito determinó en definitiva que el juicio es de competencia del Poder Judicial Federal y no de jueces del fuero común en la ciudad de México.
Desde septiembre pasado, cuando el empresario fue sentenciado por un juez federal a más de cinco años de prisión y a pagar 12 millones de dólares a la aerolínea, el juicio quedó congelado, pues comenzó un diferendo judicial sobre la competencia del asunto.
En marzo pasado un magistrado federal canceló la sentencia, y dijo que el caso competía a las autoridades judiciales del Distrito Federal.
A su vez, un juez del fuero común se opuso un mes después a conocer del tema aduciendo incompetencia, por lo que el diferendo llegó a un tribunal colegiado, que es la autoridad federal encargada de resolver los conflictos competenciales.
Ayer, el séptimo tribunal colegiado concluyó por dos votos contra uno que el supuesto fraude es delito federal, y luego de ratificar la cancelación de la sentencia condenatoria ordenó al juzgado octavo de distrito que analice -por tercera ocasión- todas las constancias de autos del expediente y emita un nuevo resolutivo.
Al conocer la noticia, el abogado Agustín Acosta, coadyuvante de la PGR en este caso, aseguró que "la decisión judicial es un indicativo de que en este país hace falta una reforma en materia de justicia, porque los jueces se empeñan en resolver sin juzgar ni decidir. Es increíble que luego de un juicio de casi ocho años aún no podamos llegar a una resolución final. Justicia que llega tarde es justicia denegada", resaltó.
Después de más de ocho años de litigios en tribunales, el primer caso comprobado de financiamiento ilegal de campañas electorales priístas -por una empresa privada- aún no cuenta siquiera con sentencia de primera instancia.
Al empresario se imputa el delito de administración fraudulenta por 72 millones de dólares en contra de la segunda aerolínea en importancia del país, administrada actualmente por el consorcio Cintra.