Editorial
Riqueza y desigualdad en el norte
El empresario Carlos Slim aseguró ayer en Hermosillo, Sonora, en el contexto de un foro de competitividad convocado por los gobiernos de Sonora y Arizona, que los 10 estados que comprenden la región fronteriza del norte de México -Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas- y el sur de Estados Unidos -Arizona, California, Nuevo México y Texas- podrían representar, en conjunto, la tercera economía del mundo, con una población de 92 millones de habitantes y un ingreso per cápita de 40 mil dólares anuales, lo que deriva en un mercado de más de 3 billones de dólares. Este señalamiento pone de manifiesto las potencialidades económicas del país, pero también abismales desigualdades, de las que el propio Slim es -así sea a pesar suyo- un ejemplo claro: resulta desolador que la mayor fortuna personal del mundo se haya forjado en una nación en la que más de 18 por ciento de los habitantes sufren de "pobreza alimentaria", eufemismo académico para no decir hambre, y en la que 49 por ciento de la población -es decir, uno de cada dos mexicanos- se encuentra por debajo de la línea de la "pobreza patrimonial", según datos del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval).
Es cierto que en la zona septentrional del territorio nacional impera una prosperidad impulsada por la vecindad con la primera economía del mundo, pero incluso allí existen contrastes sociales exasperantes: muestra de ello es la situación de zozobra e inseguridad en que viven las trabajadoras de las maquilas en Ciudad Juárez, así como las terribles condiciones de explotación que padecen los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California. La región fronteriza, además de conformar la tercera economía del mundo, también constituye una de las regiones más inequitativas del planeta: las entidades de la línea divisoria pueden ser muy prósperas, pero en ellas hay carencias exasperantes e injustificables. El estado de Nuevo León, por ejemplo, es una de las entidades con menor índice de "pobreza alimentaria" (3.6 por ciento); sin embargo, más de un cuarto de su población (27.5 por ciento) padece "pobreza patrimonial". La inequidad y la necesidad extrema no se circunscribe, por cierto, al lado sur del río Bravo: en el país vecino está presente, además de la pobreza estadunidense, una importante porción de la mexicana: la de millones de connacionales que trabajan o buscan trabajo en aquel territorio, que padecen condiciones de vida indignantes y que no aparecen en la estadística nacional.
La riqueza generada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se ha repartido de manera equitativa entre la población, y tampoco en el territorio. El país padece ya una fractura social inocultable y es preocupante que esa división se expresara, además, en una brecha territorial: el México del norte, relativamente contagiado de abundancia por el país vecino, y el México del sur, sumido en la miseria y en la marginación. A este respecto, las cifras del Coneval son contundentes: los municipios con mayor índice de pobreza están ubicados al sur del país -particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca-, mientras que los municipios más prósperos se encuentran en estados fronterizos. Lo dicho por Slim confirma que, ante la ausencia de políticas y preocupaciones sociales por parte de los últimos cuatro gobiernos del ciclo neoliberal, el acuerdo comercial ha generado desigualdad y desequilibrio.
La población lleva más de dos décadas escuchando que "para repartir la riqueza, primero hay que generarla". Sin embargo, ante la descorazonadora y exasperante persistencia de la desigualdad, ese subterfugio de la concentración extrema de riqueza es ya inadmisible. La abundancia se ha generado y en cantidades suficientes como para solventar rescates bancarios, costear campañas electorales escandalosamente caras y pagar salarios exorbitantes a los altos funcionarios. En suma: hay riqueza, pero se requiere ahora de la decisión política impostergable de repartirla mediante el establecimiento de una política económica redistributiva.