La decisión, contraria a los intereses peruanos, pero el proceso continúa: ministra de Justicia

Fallo judicial chileno rechaza la extradición de Fujimori a Perú

El ex gobernante recibe la noticia "con alegría"; la Suprema Corte emitirá el veredicto final

Balde de agua fría a familiares de víctimas de la represión; protestas en Lima, Santiago y Tokio

ENRIQUE GUTIERREZ, AGENCIAS

Santiago, 11 de julio. La justicia chilena rechazó hoy la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, requerido por Perú por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. El gobierno peruano anunció que apelará del fallo y sostuvo que sólo ha perdido una batalla pero no la guerra.

El juez supremo Orlando Alvarez emitió un extenso fallo de 122 considerandos, en el que descartó los 12 cargos imputados a Fujimori al sostener que los delitos no existen en la legislación chilena o no fue acreditada la participación del ex gobernante peruano (1990-2000) en los crímenes que se le imputan.

Pero será la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia -integrada por cinco magistrados- la que deberá dictar el veredicto final e inapelable sobre la extradición, que podría comunicarse a finales del año, de acuerdo con fuentes judiciales.

Mientras se resuelve el caso Fujimori seguirá bajo arresto domiciliario, que cumple desde hace un mes en una lujosa residencia en el norte de Santiago. Su defensa adelantó que intentará que termine esa medida.

El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, declaró en un primer momento que su gobierno respetará las decisiones de la justicia chilena luego del fallo en primera instancia que rechazó la extradición del ex mandatario. "Como gobierno siempre hemos sido muy respetuosos de todo el proceso judicial chileno y no hemos cambiado de opinión al respecto", expresó.

La ministra peruana de Justicia, María Zavala, fue quien declaró que "se ha perdido una batalla pero no la guerra", y que Lima apelará del fallo del juez chileno, por lo que ya se ha instruido a los abogados del Estado peruano en Chile para que interpongan el recurso de impugnación.

Admitió que la resolución del juez Alvarez los sorprendió y que "es contraria a los intereses peruanos", pero que el proceso aún no ha terminado y seguirá en los tribunales chilenos. Afirmó que el pedido de extradición ha sido jurídicamente limpio y bien sustentado, como antes aceptó la fiscal chilena Mónica Maldonado.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, estimó que las relaciones diplomáticas con Perú no se verán afectadas por el fallo del juez, toda vez que "tenemos relaciones basadas en una agenda de trabajo conjunto que es de interés para ambos gobiernos", y que se seguirá trabajando en la misma línea.

Añadió que su gobierno respetará la decisión del juez y dijo que no la comenta. Calificó de absurdas las versiones de que su gobierno presionó al juez para que rechazara la extradición, y si bien insistió en que el caso Fujimori no debe enturbiar las relaciones bilaterales, reveló que pidió a su canciller, Alejandro Foxley, que entregue un informe especial al gobierno del presidente peruano, Alan García.

La justicia chilena "es soberana y resuelve en derecho", afirmó a su vez el ministro del Interior chileno, Belisario Velasco, y dijo que su país está preparado para cualquier escenario, mientras parlamentarios oficialistas chilenos abogaron porque la Corte Suprema revoque la decisión.

El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez no descartó que el inesperado fallo haya obedecido a un "acuerdo político mayor". Incluso, hubo sectores que recordaron que el juez Alvarez en el pasado se mostró reacio a juzgar al fallecido ex dictador Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Alberto Fujimori, de 68 años, expresó que recibía con "alegría, prudencia y respeto" el fallo, con lo que, aseguró, se confirma su inocencia en todos los pedidos de extradición formulados por el gobierno de Perú.

Destacó que ahí se expresa la ausencia de su participación en los hechos que "mis detractores políticos infundadamente me han imputado". Añadió que no comentará más las resoluciones judiciales y que mantendrá silencio sobre los asuntos políticos.

Fujimori, quien durante 10 años gobernó Perú con mano dura y permitió una corrupción galopante, llegó a Chile procedente de Japón el 6 de noviembre de 2005. El 3 de enero de 2006, Lima oficializó la solicitud de extradición por 12 cargos, diez de corrupción y dos sobre derechos humanos.

El Chino, como se le conocía también en su país, huyó de Perú en 2000 luego de un viaje oficial a Japón donde se quedó, tras descubrirse la enorme red de corrupción montada por su asesor Vladimiro Montesinos. Adoptó la nacionalidad japonesa de sus padres, y vivió como refugiado político durante cinco años en el país asiático.

Las acusaciones se refieren a delitos de desaparición forzada de personas, homicidio calificado, lesiones graves, traición a la patria, peculado, malversación de fondos públicos y corrupción activa de funcionarios, cometidos durante sus dos periodos de gobierno.

Entre los crímenes que más se recuerdan destacan los sucesos represivos contra sectores universitarios, como el de la Cantuta, el 18 de julio de 1992, cuando varios estudiantes y profesores fueron asesinados por los servicios de inteligencia bajo el alegato de la lucha contra el terrorismo.

La resolución cayó como un balde de agua fría en la comunidad peruana que reside en Chile, dado que la fiscal Mónica Maldonado recomendó acoger la extradición. También en Lima al menos medio centenar de manifestantes protestaron frente a la embajada chilena.

Los familiares de las víctimas que han viajado reiteradamente a Santiago, por intermedio de Gisela Ortiz, denunciaron que el fallo es "escandaloso y extraño", e incluso lleva a pensar que es una ayuda al gobierno de Alan García acosado por huelgas y movimientos sociales, al brindarle un tema para distraer a la opinión pública.

"Derrota para la causa de los derechos humanos"

El diputado Antonio Leal afirmó que la decisión del magistrado Alvarez representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. Los senadores socialistas Jaime Naranjo y Juan Pablo Letelier, y el diputado Marcelo Díaz lo consideraron "una derrota para la causa de los derechos humanos, ya que con este fallo los terroristas de Estado internacionales han quedado notificados que en Chile los tribunales de justicia los dejarán en la impunidad".

También en Perú organismos de derechos humanos deploraron el fallo, mientras que Human Rigths Watch dijo que la decisión del juez chileno "tiene poco sentido" e ignoró los elementos de prueba clave presentados por la fiscalía.

Mientras, en Japón hubo protestas contra la candidatura a senador en ese país de Fujimori, al tiempo que en varias regiones de Perú se mantienen protestas masivas de diversos gremios. Incluso hay reportes de un muerto y varios heridos tras un intento de saqueo en un establecimiento de venta de armas en Satipo, en la selva central peruana.