La cortina de humo
Las explosiones en los ductos Pemex en Guanajuato y Querétaro los pasados 5 y 10 de julio no son una cortina de humo para tapar el chinogate. No son un acto terrorista. Muchos menos fueron obra de Al Qaeda.
Los atentados fueron una acción subversiva del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Así lo reivindicó públicamente. Forman parte de una campaña nacional de hostigamiento hasta que los gobiernos de Ulises Ruiz y Felipe Calderón presenten con vida a sus militantes Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el pasado 25 de mayo.
El costo económico y político que las explosiones han tenido para el gobierno de Felipe Calderón es sumamente elevado. Las pérdidas ascienden a varios miles de millones de dólares. Decenas de empresas automotrices, de petroquímica secundaria, calzado, textiles y cerámica tuvieron que parar sus actividades durante varios días ante el desabasto de gas. Tan sólo Nissan reportó pérdidas por mil 200 millones de dólares.
Internacionalmente, la imagen del gobierno quedó muy mal parada. Durante meses hizo de la seguridad su tarjeta de presentación ante el mundo. Ahora, sus servicios de inteligencia y aparatos de seguridad quedaron en entredicho. Frente a inversionistas extranjeros y corredurías la capacidad del Ejecutivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad está mermada.
Indudablemente, el caso Zhenli Ye Gon es un grave problema para Los Pinos y su costo será cada vez mayor. Pero la magnitud de los costos echa por tierra la suposición de que los bombazos son una cortina de humo para tapar el chinogate. Tampoco se trata de un pretexto para mantener la presencia del Ejército fuera de los cuarteles y su uso contra las protestas sociales. Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico el Ejército ya está en la calle, no ha regresado a los cuarteles y no parece que lo vaya a hacer próximamente. Las expresiones de descontento social ya han sido criminalizadas sin tener que recurrir a un nuevo subterfugio. No en balde se encuentran en distintas cárceles más de 500 presos políticos. Pero, evidentemente, existe el riesgo de que esta situación se agrave.
Los bombazos no buscan distraer a las Fuerzas Armadas en su combate al narcotráfico. No hay una sola evidencia que muestre vínculos entre los cárteles de las drogas y las organizaciones político-militares que existen en el país. Son muchos los agrupamientos de esta naturaleza que se han deslindado de los barones de la droga. Por el contrario, es un hecho conocido cómo los cárteles han penetrado al Ejército y a la Armada.
El que las acciones de hostigamiento se hayan efectuado en los estados de Guanajuato y Querétaro, gobernados por el Partido Acción Nacional, ha levantado sospechas entre algunos analistas. Se asegura que el EPR no tiene allí bases de apoyo. Ciertamente, su presencia en esas localidades era desconocida hasta ahora. Sin embargo, por definición, una organización clandestina no tiene una existencia pública en aquellas zonas donde no quiere ser detectada. Toda organización revolucionaria, más allá de su lugar de origen, tiene vocación de contar con implantación nacional. ¿Por qué Guanajuato y Querétaro serían excepción?
Se afirma que es inconveniente realizar acciones de ese tipo en la actual coyuntura política, de la que el asunto Ye Gon es parte sustancial. Esta observación ignora que uno de los principios básicos de acción de una organización político-militar es que ella fija sus tiempos de acción y no se deja absorber por los ritmos y tiempos políticos de sus enemigos.
Se ha sugerido que las detonaciones son responsabilidad de Al Qaeda. El único argumento que se da es una supuesta amenaza del grupo terrorista contra todos los países que suministren petróleo a Estados Unidos. Sin embargo, no hay prueba alguna que corrobore que esta advertencia se ha hecho realidad en México.
En contra de la teoría de la cortina de humo y de la autoría de Al Qaeda, hay evidencias suficientes y sólidas de que los atentados son efectivamente responsabilidad del EPR. Esta organización cuenta con la infraestructura y el entrenamiento en el manejo de explosivos para realizar una acción de esta envergadura. Es una organización laica, marxista-leninista, que encuadra su acción dentro de los lineamientos de la guerra popular prolongada, ajena a cualquier relación con el fundamentalismo islámico o a prácticas terroristas.
Las explosiones provocaron solamente daños materiales. No lastimaron físicamente a nadie ni produjeron muertos. Su objetivo no fue provocar terror entre la población civil, sino exigir al gobierno la presentación con vida de dos militantes desaparecidos.
Después de que, a raíz de su aparición pública en Aguas Blancas, en junio de 1996, el EPR desató una lluvia de plomo contra el ejército, la organización político-militar suspendió las acciones bélicas ofensivas. Ni siquiera ante la represión en contra del movimiento popular oaxaqueño en noviembre-diciembre del año pasado amenazó con usar la violencia. Pero eso no significa que hubiera desaparecido.
No puede decirse lo mismo de otras organizaciones desprendidas del agrupamiento guerrillero. Varias han realizado iniciativas de propaganda armada. El 8 de agosto de 2001, en la capital de la República, las FARP hicieron estallar varios petardos en Banamex. El 23 de mayo de 2004, el Comando Jaramillista de Morelos colocó tres artefactos explosivos en sucursales bancarias del estado de Morelos. El 6 de noviembre de 2006, la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo destruyó dos oficinas de bancos en la ciudad de México.
En lugar de ningunear su existencia, la clase política debiera entender que el EPR es hoy un actor en la mesa política nacional. Un actor que -más allá de sus métodos de lucha- exige la solución a una demanda inobjetable: la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos.