Pide el presidente del organismo una ampliación presupuestal para los comicios de agosto

Debe el instituto electoral de BC 10.8 millones de pesos por boletas

Demanda seguridad financiera; la decisión está en manos del Congreso, responde el Ejecutivo

ANTONIO HERAS

Mexicali, BC, 16 de julio. El Instituto Estatal Electoral (IEE) adeuda 10 millones 800 mil pesos a la empresa que imprimió los 6.5 millones de boletas que se usarán en los comicios del 5 de agosto. El presidente del organismo, Víctor Alarcón Requejo, exigió al Congreso de Baja California una ampliación presupuestal de 27 millones de pesos para solventar los gastos de las elecciones que renovarán gubernatura, alcaldías y diputados locales.

Alarcón Requejo también exhortó al gobierno del estado a extender al IEE un documento de viabilidad financiera, que propicie la entrega de mayores recursos para el proceso electoral.

El gobierno de Baja California respondió que el trámite de ampliación presupuestal está en manos de la Comisión de Hacienda y del pleno del Congreso del estado.

El presidente de la legislatura local, Manuel Pons Agúndez, se manifestó en favor de dar más dinero al IEE para que enfrente sin carencias un proceso electoral que se prevé competido.

El legislador confió en que la situación se resuelva en unos días, en beneficio de los electores bajacalifornianos.

Por lo pronto, los 6.5 millones de boletas que se utilizarán en la jornada electoral de agosto llegaron a la entidad, resguardadas por agentes de la Policía Federal Preventiva.

Las papeletas, al igual que urnas y mamparas, entre otros materiales, se distribuirán en 3 mil 643 casillas instaladas en los 16 distritos electorales, dijo el consejero ciudadano Humberto Soto, quien comentó que la paquetería llegó a bordo de tres tractocamiones, que tardaron 56 horas para llegar a Mexicali, procedente de talleres de impresión ubicados en el estado de México.

Los materiales se entregaron a los consejos municipales electorales, de donde se distribuirán a las casillas.

La lista nominal proporcionada por el Registro Federal de Electores señala que podrán acudir a las urnas 2 millones 107 mil ciudadanos. Sin embargo, el abstencionismo en la entidad regularmente alcanza 70 por ciento del padrón, lo que ubica a Baja California en el último lugar en participación electoral, de acuerdo con estadísticas de los institutos electorales federal y estatal correspondientes a los últimos 17 años.

Elecciones ''a como dé lugar''

El presidente del IEE, Alarcón Requejo, advirtió que la elección ''se va hacer a como dé lugar'', y de persistir la negativa del gobierno estatal a entregar los recursos complementarios, la falta de liquidez se supliría con una transferencia del fondo de pensiones de los trabajadores.

Sobre la insuficiencia presupuestal, acotó que no han disminuido las actividades electorales, aunque reconoció que se cancelaron diversos programas para el proceso de 2007.

Entre los planes cancelados destaca la instalación de cámaras de video en 10 por ciento de las 3 mil 643 casillas programadas, para monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada. Otro fue la incorporación de urnas electrónicas en centros de votación, dentro de un programa piloto de renovación tecnológica.

''Lo más lamentable es haber cancelado la consulta infantil y juvenil, que era una oportunidad para esparcir y divulgar la cultura de la participación ciudadana, sobre todo cuando se han perdido los valores cívicos'', dijo el consejero ciudadano Jaime Vargas Flores, impulsor del proyecto.

En años recientes el IEE ha recibido menos recursos de los presupuestados por decisión del gobierno estatal, que alega estar en busca de una mayor eficiencia administrativa.

Ante la escasez de fondos, el Instituto Estatal Electoral presentó en 2006 una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que el Congreso local respetara el proyecto de presupuesto que presentó al Poder Ejecutivo de Baja California.

La SCJN declaró improcedente la solicitud, con el argumento de que el IEE carece de facultades para promover una controversia constitucional. El organismo finalmente debió operar en 2006 con un tercio de los recursos que solicitó (alrededor de 80 millones de pesos).

Para los comicios de este año recibió 191 de los 248 millones de pesos que pidió.