"A toda costa" deben evitarse los tratamientos de excepción, señala
La CETU debe reducirse a 12 por ciento, insiste la cúpula empresarial
La simplificación en el pago de los impuestos, reclamo de todo el sector
La cúpula de la iniciativa privada advirtió que si no se reduce la contribución empresarial a tasa única (CETU) a 12 por ciento, el costo se trasladará a los consumidores finales. A pesar de que ha advertido y sobre la posible caída de los negocios y la consecuente pérdida de empleos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no tiene cálculos de despidos o quiebras, señaló el presidente del organismo, Armando Paredes, quien manifestó que aun así solicitarán la deducibilidad de salarios y contribuciones sociales.
Al presentar su postura sobre la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo, los empresarios señalaron que el gobierno y los partidos políticos, "incluso los que se oponen como estrategia de marketing", saben que la mejor salida es la aplicación generalizada del impuesto al valor agregado, "pero no es el momento político para hacerlo".
Como parte de sus actividades de cabildeo no descartaron apoyar algunas propuestas, como las del Frente Amplio Progresista, con el que podría haber "coincidencias", aseguró el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González.
Asimismo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, precisó que los empresarios exigen transparencia y eficacia en el uso de los recursos: "no queremos que se dedique más dinero al gasto corriente, no más a partidos políticos y no más privilegios sindicales. Que se acabe el corporativismo, porque como contribuyentes no estamos dispuestos a financiarlo".
Armando Paredes aseguró que el CCE hizo un análisis "exhaustivo" de la propuesta fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, en dicha revisión no se consideraron los empleos que se podrían perder ni el número de empresas que podrían cerrar si no logran que la CETU se reduzca de 16 a 12 por ciento.
Señaló que sí hay margen para la negociación, y que si lograran que el CETU se redujera, Hacienda tendría de cualquier manera un incremento en la recaudación de 3.5 por ciento, aproximadamente.
Señaló que la simplificación del pago de impuestos es un reclamo de todas las empresas, sin importar su tamaño, por lo que "la coexistencia del impuesto sobre la renta (ISR) y la CETU no abonan en ese sentido. Por tanto, es necesario un compromiso formal para desmantelar el ISR en un plazo no mayor a tres años, con el propósito de contar con un solo sistema impositivo de tasa única".
Destacó que mantener la CETU en 16 por ciento tendrá un efecto negativo en el empleo y la inversión, sobre todo en las empresas intensivas en el uso de mano de obra, además de significar una sobrecarga para quienes ya contribuyen, por lo que planteó seis puntos básicos que para el CCE son los que se deben negociar.
El primero es la reducción de la CETU a 12 por ciento, que además, por tener que coexistir temporalmente con el ISR, podría ajustarse de forma gradual "respondiendo a un balance adecuado entre competitividad y requerimientos de captación de recursos".
El segundo punto consiste en la deducibilidad de los salarios, impuestos locales sobre éstos y las contribuciones sociales (pago al IMSS, Infonavit y SAR) a la CETU, "a fin de fomentar la inversión, el empleo y mayor crecimiento económico". Asimismo planteó la necesidad de reconocer las inversiones y los atributos fiscales existentes al 31 de diciembre de 2007, para evitar distorsiones en el periodo de transición.
La cuarta propuesta de los empresarios consiste en establecer la CETU como un impuesto mínimo y no máximo, "para asegurar su neutralidad". Impulsar la acreditación de este gravamen a los inversionistas extranjeros para atraer más capitales y mejorar la competitividad.
Como último punto señalaron la necesidad de evitar "a toda costa" los tratamientos de excepción que complican aún más la operación y administración tributaria. También consideraron necesario necesario corregir la propuesta del llamado impuesto a la informalidad para no afectar a las empresas que realizan la mayor parte de sus operaciones en efectivo, y se pronunciaron en favor de los cambios al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, siempre y cuando la liberación de recursos se dedique a inversión en la propia paraestatal.