Plantea limitar la intervención "indebida" de servidores públicos, como en 2006
Propone Ugalde reforma electoral que prevé regular "propaganda negativa"
Incluye normar gasto de partidos en medios electrónicos, "caracterizado por la opacidad"
Ampliar la imagen Luis Carlos Ugalde y Diódoro Carrasco, ayer en San Lázaro Foto: Notimex
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, presentó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral, que considera regular la "propaganda negativa" que en las elecciones presidenciales del año pasado "generaron más encono" entre los partidos, los candidatos y la sociedad.
Dijo que se podría establecer un modelo restrictivo, mediante el cual el IFE revise previamente los contenidos de la propaganda, "como quien califica las películas, y si se concluye que no es denigratorio se le da una palomita y sale al aire".
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Gobernación, Ugalde también planteó limitar la indebida intervención de servidores públicos pues reconoció que en 2006 no se pudieron frenar "las expresiones de apoyo político y alegorías" del presidente Vicente Fox y de los gobernadores a favor de los candidatos de sus respectivos partidos.
En su exposición consideró necesario prohibir en la Constitución que la voz y la imagen del presidente y de los gobernadores aparezcan en la propaganda oficial o la promoción de obras de gobierno, así como regular el gasto de publicidad en radio y televisión, porque actualmente la relación entre partidos y medios se caracteriza por la opacidad y la discrecionalidad en las tarifas.
Sobre este punto, el presidente del Consejo General planteó a los legisladores que el acceso a los medios de información debe analizarse desde tres perspectivas.
En primer lugar, la transparencia en las campañas propagandísticas, porque actualmente no hay claridad sobre las tarifas y las condiciones de compra, pues mientras no se determine la transparencia sobre el costo de las pautas no habrá equidad en este rubro.
Reconoció que, si bien cada año el IFE recibe de las televisoras y las radiodifusoras los costos comerciales de sus tiempos, éstos "no corresponden a la realidad porque son discrecionales y persiste una queja abundante de los partidos y, por tanto, debe atacarse el problema de fondo", expresó.
En segundo lugar, dijo, que debe considerarse un mecanismo que evite la desigualdad en el costo de las campañas en radio y televisión, porque, si bien los precios están sujetos a las condiciones del mercado, debe considerarse una base igual para todos los partidos, para que las tarifas sean iguales independientemente del volumen que se contrate y sólo mantenga como determinante para aumentarlas o no el horario de transmisión. Ugalde consideró que deben fijarse topes a las tarifas políticas que cobran las empresas de radio y televisión.
En tercer lugar, aseguró, debe revisarse el costo global de la publicidad e imagen de los candidatos, porque actualmente 70 por ciento de los gastos de campaña se dedican a comprar tiempo en los medios de comunicación. "De esta manera las condiciones de compraventa generan una situación de vulnerabilidad para los partidos y candidatos frente a quienes negocian desde los medios. Es un asunto que debe cuidarse por el bien de la autonomía del Estado", alertó.
Al abordar el tema de la "propaganda negativa", Ugalde expuso a los legisladores que una reforma de carácter electoral tendría que tutelar dos valores: la libertad de expresión y la protección de los candidatos para que no sean objeto de difamación. En este punto, la diputación del PAN -partido que recurrió a la guerra sucia en radio y televisión en 2006- objetó la recomendación para que el IFE actúe como sensor de los espots que utilicen los partidos durante las campañas.
El panista Rogelio Carvajal aseguró que esta opción restringiría la libertad de expresión y consideró que, en todo caso, los que deben decidir sobre el contenido de los promocionales deben ser los electores "en función de los mensajes que tengan a la mano".
Como respuesta, Ugalde señaló que posiblemente una regulación que permitiera al IFE revisar los contenidos de los mensajes colocaría a la autoridad electoral en conflicto y en una constante tensión, por lo que matizó su intervención inicial y sugirió, que en lugar de prohibir los ataques entre partidos durante las campañas se establezcan "mecanismos compensatorios a la inversa".
Esto es, explicó, que si la "propaganda negativa" es de difícil provisión, el Congreso podría regular y hacer obligatorios los debates, así como incluir programas en radio y televisión que sean propositivos. "Así, al menos el televidente podrá ver propuestas y los espots negativos que el partido desee transmitir. Y se compensarían los efectos negativos" de la guerra sucia.