La empresa dispondría de recursos para modernizarse y desarrollar investigación
Cuatro partidos plantean un nuevo régimen fiscal para Pemex
Se prevé el veto presidencial por no convenir a intereses del actual gobierno
''Estamos ante el riesgo de una crisis de enormes proporciones'', advierte el legislador Francisco Labastida Ochoa
Ampliar la imagen Los legisladores Carlos Lozano, Dante Delgado, Francisco Labastida y Graco Ramírez, tras anunciar a la prensa la propuesta de reforma para Pemex en la sala de prensa del Senado Foto: José Carlo González
En un hecho que impulsaría un nuevo régimen fiscal en Petróleos Mexicanos (Pemex), los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo, dieron a conocer la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Derechos, que dotaría a la paraestatal de 60 mil millones de pesos para destinarlos a su modernización y a la investigación petrolera en el país.
Una vez presentada la iniciativa en el Senado de la República, de inmediato se perfiló la amenaza de un probable veto presidencial, por no convenir a los intereses del actual gobierno federal.
Así, el consenso alcanzado entre las cuatro fuerzas políticas fue cuestionado por senadores y diputados panistas, quienes hicieron eco de la preocupación y malestar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque el nuevo régimen fiscal propuesto provocaría, desde el punto de vista de las autoridades, un costo recaudatorio de 80 mil millones de pesos.
La argumentación de los panistas fue confrontada por los cuatro partidos que promovieron la iniciativa, los cuales advirtieron que es urgente ofrecer un monto inicial de 60 mil millones de pesos a Pemex, producto de sus ganancias, con objeto de generar las condiciones de modernización indispensables para garantizarle viabilidad financiera.
Es decir, refirió el senador priísta Francisco Labastida Ochoa, ''si tomamos en consideración que Pemex paga cerca de 40 por ciento de los impuestos federales, 30 por ciento de los impuestos estatales y 20 por ciento de los impuestos municipales, estamos ante el riesgo de una crisis de enormes magnitudes y proporciones; es por eso urgente la reforma fiscal de Pemex''.
La propuesta considera terminar con la ausencia de incentivos a la petrolera, porque el sistema fiscal, es decir Hacienda, le quita 85 por ciento del valor de su producción, y el restante 15 por ciento no le alcanza para erogar los costos de la misma producción.
Recursos para investigación
Además, en un hecho sin precedente, se impulsaría la investigación petrolera nacional. A la fecha se dedica sólo 0.05 por ciento de los recursos totales generados por la producción a esa actividad, pero con la iniciativa del PRI, PRD, Convergencia y PT ese monto se elevaría hasta 2 mil por ciento.
De esos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo obtendría cerca de 6 mil millones de pesos anuales, y la cuarta parte restante, unos 2 mil millones, se destinaría al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que los orientara a proyectos que se realicen en universidades públicas que trabajen en energías alternas como la solar, eólica y biomasa.
Otra perversión de la que saldría bien librada la paraestatal, una vez aprobada la reforma propuesta, sería retirarle una carga impositiva inexplicable sobre sus finanzas, la cual tiene que ver con un castigo por no cumplir la meta de producción que le impone la Ley Federal de Derechos.
Al exponer el carácter de la iniciativa, Francisco Labastida Ochoa manifestó que Hacienda captará ingresos adicionales por un estimado de 50 mil millones de pesos, y ''si estamos hablando de que con la reforma fiscal quieren obtener 180 mil millones de pesos, a la Secretaría de Hacienda le va a costar un tercio o menos lo que aquí estamos planteando''.
La iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, en su artículo 254 refiere que Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 70 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate. Tal medida le generará a la empresa alrededor de 55 mil millones de pesos.
En el artículo 254 Bis, se manifiesta que Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa de uno por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas extraído en el año. De esa operación se obtendrán casi 8 mil millones de pesos al año.
Más adelante, en el artículo segundo transitorio se establece la eliminación del derecho adicional, porque si Pemex no producía un determinado número de barriles estaba obligada a pagar un derecho adicional.
No obstante las nuevas ventajas, que a decir del PRI, PRD, Convergencia y Partido del Trabajo se generarían con la reforma, el senador panista Fernando Elizondo utilizó la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión -cuando se discutía el tema de al Reforma del Estado- para emprenderla contra el nuevo régimen fiscal de Pemex, porque la caracterizó como una reacción electoral de los cuatro partidos que la promovieron. ''...tampoco lo vamos a resolver, si tratamos de resolver (sic) reformas que tiene visión de futuro únicamente para la próxima elección, porque yo adivino algunas de esas intenciones ahí, como que se siente que hay por ahí esa intención de restarle capacidades al Ejecutivo para estar en una mejor posición política, no para el México del futuro, sino para la siguiente elección''.