Critican expertos el edicto sobre el dinero incautado
Politólogos y especialistas en derecho constitucional calificaron de ''grave error'' y ''acción inconstitucional'' el que la Procuraduría General de la República (PGR) publicara un edicto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que se declaran propiedad de la nación los 205 millones de dólares localizados el pasado 17 de marzo en el domicilio de Zhenli Ye Gon, contra quien se abrió una investigación por su presunta participación en delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aseguraron que sólo después de que un juez dictamine la inocencia o culpabilidad de los presuntos responsables, las autoridades federales podrán recibir una disposición jurídica para ''determinar qué hacer con el dinero, de lo contrario ni la PGR puede disponer de ese efectivo, porque tampoco tiene facultades para ello''.
El abogado constitucionalista Elisur Arteaga Nava aseguró que a pesar de que los recursos localizados en la residencia de Ye Gon ''aparentemente podrían ser resultado de un delito, pueden obrar como prueba de cargo o descargo contra presuntos implicados. Por ello es responsabilidad de las autoridades competentes conservar los billetes y servir de probanza para exculpar o probar responsabilidades en el caso''. Insistió en que la PGR no puede ''requisar o confiscar'' estos recursos hasta en tanto no se emita una disposición jurídica, pues mientras exista una investigación en proceso ''no se puede determinar el abandono de bienes a favor de la Federación''.
En tanto, Miguel Angel Eraña, académico y experto constitucionalista de la Universidad Iberoamericana (Uia), aseguró que pese a que se cumplió el plazo de 90 días para manifestar la propiedad de los recursos, aún falta resolver las ''impugnaciones por vía extraordinaria, es decir, cuando se notifique a los involucrados, en este caso al mexicano de origen chino, Ye Gon puede iniciar, haciendo uso de todos sus derechos jurídicos, un juicio de amparo para impugnar la decisión de una autoridad federal''.
Destacó que el marco jurídico mexicano señala que mientras se realice una investigación y se presente un caso ante un juez, ''no se puede disponer de propiedades o recursos de presuntos implicados hasta en tanto un juzgador emita una decisión, ya que el sistema penal establece el derecho a un debido proceso''.
Por su parte, Martha Singer, politóloga de la UNAM, destacó que la falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder ha generado un creciente ''deterioro de la credibilidad y legitimidad de las instituciones, que sólo podrá remontarse con una reforma de fondo del Estado, en que se garantice la transparencia en la toma de decisiones''.
Al respecto, Carlos Lugo, especialista de la Uia en el sistema político mexicano, afirmó que ante el ''descrédito'' en que se encuentran las instituciones públicas es ''urgente'' que el presidente Felipe Calderón solicite ''cuanto antes que se realice una investigación a fondo, porque no sólo involucra su campaña, sino la legitimidad de su propio gobierno en una coyuntura delicada''.