El titular de la SG asegura que hay un monitoreo constante de grupos "radicales"
Ramírez Acuña: imposible prever si habrá nuevos ataques del EPR
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, admitió ayer que los órganos de inteligencia del Estado no pueden prever un nuevo ataque de grupos "radicales" como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), aun cuando mantengan un monitoreo permanente de sus actividades.
El funcionario reconoció también que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) acusa rezagos, cuyo origen -como difundió La Jornada la semana pasada- se adjudica al sexenio de Vicente Fox, así como a un presupuesto insuficiente para dotar a este organismo de personal y equipo especializado para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.
Tras las explosiones en instalaciones de Pemex, calificadas por el gobierno calderonista de "ataques", la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación correspondiente y en breve dará cuenta de su investigación, aseguró Ramírez Acuña.
La madrugada del pasado 5 de julio estallaron válvulas del gasoducto Guanajuato-Guadalajara en Salamanca y Celaya, por lo cual fueron desalojadas unas 5 mil personas de 20 comunidades; cinco días después ocurrió otra explosión en un gasoducto ubicado en Corregidora, Querétaro.
Enseguida el EPR - grupo formado en mayo de 1996, con la unificación de 14 organizaciones armadas- se adjudicó la detonación de las cargas explosivas y advirtió que "las acciones de hostigamiento no pararán" hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz Ortiz (gobernador de Oaxaca) presenten con vida a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y "desparecidos" desde el 25 de mayo.
Este último es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez o Francisco Cerezo Quiroz, padre de los hermanos Cerezo Contreras, acusados por el gobierno federal de terrorismo.
Ya desde el 2 de junio el EPR había denunciado estos hechos, cuya alerta había sido difundida también por organizaciones civiles, académicos y por Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, entre otros.
A más de diez días del inicio de las explosiones y con la amenaza vigente del EPR hacia otras instalaciones estratégicas, la SG ha negado que en algún penal federal se hallen sujetos que respondan a tales nombres; el mismo argumento ha emitido la administración del priísta Ruiz Ortiz.
El responsable de la política interna dijo este miércoles que el EPR es un grupo radical "monitoreado desde siempre", desde su escisión en diversas organizaciones, "porque recuerden ustedes cómo vino teniendo escisiones después del Partido de los Pobres (sic)"; de ahí que "es un tema que se tiene en el radar permanentemente" en las áreas de inteligencia.
-¿Podrían ocurrir más ataques?
-No es posible preverlo; ellos (los grupos armados) deciden en qué momento lo hacen. Nuestra obligación es estar atentos a que podamos realizar las investigaciones con la mayor oportunidad y también estar atentos a que no se genere ningún daño a la población.
Diversos especialistas en el tema han expresado críticas respecto a la actuación del Estado para atender estos casos. El escritor Carlos Montemayor advirtió, en un amplio artículo publicado en este diario, que la guerrilla es siempre un fenómeno social que, sin embargo, el gobierno reduce a hechos delictivos o criminales a los que se responde con medidas de represión selectiva o desbordada.
Esta visión, escribió la semana pasada, reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego y no por su significación política.
Por tanto, agrega, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político, y tal decisión aparece como la única solución posible y, al mismo tiempo, como justificación de "arbitrariedades sin límites".
Ante los análisis en diversos ámbitos respecto a la ineficiencia del Cisen para cumplir sus objetivos, en particular generar alertas de seguridad nacional, Ramírez Acuña dijo que el tema está en "la mesa del señor Presidente" y que se busca aumentar el presupuesto para este organismo, actualmente de mil 114 millones de pesos.
El secretario de Gobernación aceptó que está en ciernes una "restructuración" del Cisen, aunque aclaró que este proceso no pasará por una reforma a la ley y reglamentos en materia de seguridad nacional, porque ello traería su debilitamiento.
"(La restructuración y aumento de presupuesto) es un tema en el que también los legisladores, junto con el gobierno de la República, tenemos que trabajar con una gran integralidad para dar al Cisen la fortaleza que necesita", manifestó en entrevista, al término de la presentación del programa de infraestructura del gobierno calderonista. "Nos faltan muchos recursos y elementos; elemento humano (sic) que esté al servicio de la inteligencia mexicana, ante las nuevas formas de operar tanto de la delincuencia como el mismo terrorismo internacional."
Sabines: en Chiapas no hay signos del EPR
Sobre el mismo tema, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, dijo que "no hay ningún síntoma" que haga suponer que integrantes del EPR se encuentren en esa entidad.
Aseguró que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dejó las armas y que ahora existe un respeto mutuo entre los zapatistas y el gobierno estatal que encabeza, así como una "norme cohabitación", pese a que no hay acercamiento con los grupos asentados en los caracoles.
"Ya nos acostumbramos al EZLN. Este grupo es un foco rojo para el país. A mi gobierno no le estorba el EZLN, no tenemos ningún elemento que nos haga pensar en una reactivación de grupos armados en Chiapas", expresó.
Comentó, incluso, que se encuentran en un proceso de "reconciliación" que se pone en evidencia con la liberación paulatina de 127 personas mediante el otorgamiento del recurso de "sentencias suspendidas".