México SA
Consenso en contra
Empresarios dicen no a la reforma fiscal
Amagan con amparos contra la CETU
Programa de infraestructura condicionado
Avanzado el debate sobre el tema, sin periodo extraordinario a la vista para su eventual aprobación, y con amenazas de una "lluvia de amparos" si finalmente la propuesta toma curso, la del inquilino de Los Pinos sin duda toma forma de "reforma fiscal" de consenso: prácticamente todos están en contra. Y esto no es un cuento chino.
Casi un mes atrás (20 de junio) la susodicha propuesta de "reforma" fue presentada en sociedad con el bombo y platillo que ameritaba la ocasión, pero en el breve lapso transcurrido y por mucho que la propuesta calderonista sea "amigable" (Carstens dixit) el balance es desolador para el inquilino de Los Pinos.
Mayoritariamente, los actores involucrados en este nuevo escarceo han dicho no, aunque cada uno de ellos por razones distintas. Por ejemplo y de manera casi natural, el grueso de los partidos políticos representados en el Congreso; algunos justifican la negativa, porque, dicen, "tenemos un proyecto propio"; otros, porque condicionan el sí a negociaciones y factores de otra índole y algunos más, porque ni siquiera se han enterado.
Aun así, la resistencia más fuerte a la propuesta del inquilino de Los Pinos se registra entre sus "aliados naturales", quienes si algo han aprendido es -además de evadir y eludir impuestos- a chantajear y sacar raja de este tipo de situaciones.
A una sola voz, los organismos empresariales giraron 180 grados y han dicho que siempre no: Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, Bolsa Mexicana de Valores, Consejo Nacional Agropecuario, Coparmex, Canacintra, los filántropos y los que falte por mencionar.
Lo que es un hecho, es que el gran capital se niega a modificar un ápice las reglas del juego, especialmente en el renglón fiscal. Ni de lejos la propuesta calderonista es la mejor para el país -de hecho es bastante timorata-, pero cualquier iniciativa en este tema será excesiva para los barones. La carga fiscal recae en los trabajadores y en la micro, pequeña y mediana empresa, y, quiéranlo o no, deben cumplir con el fisco.
Los grandes corporativos mexicanos y las trasnacionales que operan en el país alcanzan grado de doctorado en elusión y evasión fiscales, amén que el propio gobierno le ha armado la cama, por medio de los regímenes especiales, para que sientan cómodos y estén a sus anchas.
Lo más gracioso del caso es que por aquellos acalorados días previos a la elección presidencial de 2006 los barones mandaron decir a sus enjundiosos voceros que procederían con una "huelga fiscal" si Andrés Manuel López Obrador resultaba vencedor en los comicios del 2 de julio. No llegó, pero hoy, sin peje en Los Pinos y tras la "reforma" calderonista, los mismos amenazan con una "lluvia de amparos" si la ya famosa CETU (contribución empresarial de tasa única) es aprobada por el Congreso.
Se niegan a pagar impuestos, pero los grandes empresarios ya se frotan las manos con el apetitoso cuan irreal Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, y sus jugosos contratos, que ayer pomposamente hizo público el inquilino de Los Pinos. Y de entrada resulta irreal, porque la catarata de dinero en él involucrado -así sea retóricamente- tiene como base la misma "reforma" fiscal que mayoritariamente ha recibido un contundente no como respuesta de los que ahora se frotan las manos.
El inquilino de Los Pinos explicó que el "escenario base" del referido programa "parte del supuesto de que se apruebe la reforma hacendaria (...), de cuya recaudación adicional mi gobierno piensa destinar por lo menos la mitad a gasto en infraestructura... de esta manera, el gasto público en el rubro aumentaría cuando menos (...) 100 mil millones de pesos anuales... también se crearían por lo menos 700 mil nuevos empleos adicionales a lo largo del sexenio, generados directa o indirectamente por la inversión en infraestructura... este programa provee en su escenario básico una inversión de poco más de dos billones 500 mil millones de pesos en el periodo 2007-2012" (en el mejor de los casos el dinero provendría al 50 por ciento de iniciativa privada y gobierno).
Eso sí, se dijo "consciente" de que "existe la posibilidad" que el Congreso no apruebe su propuesta fiscal, y si ello sucediera "tendríamos que plantearnos un escenario inercial que parte de la premisa de que las finanzas públicas se quedarían como están... sin reforma hacendaria, la inversión en infraestructura registraría una tendencia decreciente, ya que el gobierno tendría que destinar año con año cada vez mayores recursos a las crecientes pensiones en curso de pago, y además pagar las inversiones realizadas en el pasado a través de los Pidiregas... en este escenario, se estima que la inversión en infraestructura disminuya, quedando en poco más de un billón 600 mil millones de pesos para el resto de la administración".
Cualquiera de los dos escenarios descritos es posible, de allí la genialidad del gobierno calderonista: si el "escenario base" no funciona y el "inercial" es peor del previsto, para eso existen las neuronas y una tercera posibilidad denominada "escenario sobresaliente" ("evidentemente el que más beneficios traería a los mexicanos", Calderón dixit): privaticemos lo poco que nos queda.
¿Cómo? Facilísimo: con una "secuencia de reformas estructurales exitosas en los planos laboral, energético o de telecomunicaciones", es decir, lo mismo que ha hecho el gobierno en sus cuatro presentaciones previas (de MMH a VFQ, a lo largo de los últimos 25 años) y que mantiene al país estancado.
Las rebanadas del pastel
Y la genial "continuidad" va por lo mismo, y los barones, también.