El proyecto incluye modificar los artículos 22 y 27 de la Constitución
Presenta Ebrard a diputados del PRD propuesta de ley de extinción de dominio
El fin es afectar en sus bienes y posesiones a delincuentes, cuando sean empleados en ilícitos, dice
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Joel Ortega señaló que la reforma propuesta por el GDF contempla que la extinción de dominio "deberá ser declarada por sentencia judicial", sin que esto signifique que las autoridades no puedan actuar hasta contar con dicha resolución. La imagen, durante el desalojo del predio La Fortaleza, en Tepito, en febrero pasado
Foto: Alfredo Domínguez
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó a la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional para dar sustento a la ley de extinción de dominio, cuyo propósito es afectar en sus bienes y posesiones a los delincuentes, cuando estos sean empleados en la comisión de ilícitos.
El mandatario capitalino aprovecho el encuentro con los legisladores federales en el salón de un hotel frente a la Alameda Central para exponer también el plan de reestructuración de la deuda pública de la ciudad que se logró en los mercados locales e internacionales, pero que no ha tenido la autorización de la Secretaría de Hacienda para su aplicación.
En entrevista, el mandatario capitalino dijo que la propuesta de extinción de dominio elaborada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, presente en el encuentro, consiste en modificar los artículos 22 y 27 de la Constitución, para que los procedimientos de expropiación que su gobierno ha venido realizando se hagan de manera más sencilla, a mayor escala y sin tener que pagar la indemnización correspondiente.
Al artículo 22, se propone añadir 2 párrafos, un cuarto que diga: "Podrá declararse la extinción de dominio de bienes, frutos o rendimientos de una persona cuando se acredite que existe un incremento patrimonial producto de actividades ilícitas relacionadas con delincuencia organizada; los bienes provengan o hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de dichas actividades o correspondan al objeto del delito; provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen en esas mismas actividades; o bien, cuando los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de origen lícito, pero hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia; y demás casos previstos en las leyes que rijan la materia".
Un quinto párrafo dirá: "La Federación, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán, en el ámbito de sus atribuciones, expedir los ordenamientos legales relativos a la extinción de dominio".
En el caso del artículo 27 constitucional, propone agregar un párrafo tercero que diga: "La extinción de dominio deberá ser declarada por sentencia judicial y estará orientada a hacer perder el dominio sobre bienes sin contraprestación ni compensación alguna para su titular".
A su vez, el jefe de la policía capitalina aseguró que la diferencia entre las propuestas que el Ejecutivo federal y el gobierno capitalino promueven en torno a la extinción de dominio consiste en que la primera se limita a la incautación de bienes, en tanto que la segunda contempla la extinción del régimen de propiedad.
Entrevistado en otro acto, al término de la ceremonia de clausura del curso que personal del Buro Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) impartió a mandos medios de la policía preventiva, Ortega Cuevas afirmó que ambas iniciativas no se contraponen.
"El paquete de reformas del Ejecutivo federal se refieren al artículo 22 constitucional, sobre todo a la incautación de bienes, y lo que nosotros estamos haciendo es perfeccionar la extinción del régimen de propiedad, es por ello que lo ligamos al artículo 27", abundó.
Aseguró que de concretarse dicha legislación se "materializarán los esfuerzos" de las autoridades para combatir a la delincuencia a partir de sus estructuras financieras, y como ejemplo de ello, se refirió a la expropiación del predio conocido como La Ford.
De acuerdo con las cifras de la corporación, con la expropiación se logró provocar una perdida de más de 170 millones de pesos a personas que comerciaban con mercancía ilegal.
Por último, el jefe de la policía capitalina explicó que la reforma propuesta por el GDF contempla que la extinción de dominio "deberá ser declarada por sentencia judicial", sin que esto signifique que las autoridades no puedan actuar hasta contar con dicha resolución, ya que durante el tiempo en que se realice el proceso judicial las propiedades estarán bajo resguardo de una oficina de Bienes Asegurados, que dependerá de la Dirección de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino.