Anuncian APPO y maestros marcha de la procuraduría al zócalo, sin acercarse al auditorio

El Lunes del Cerro, de pronóstico reservado, señalan ambos bandos

Burócratas revelan presiones para asistir al festejo; cientos de policías, listos para intervenir

ARTURO CANO, OCTAVIO VELEZ (ENVIADO Y CORRESPONSAL)

Oaxaca, Oax., 22 de julio. Todo listo para la Guerraguetza. El Cerro del Fortín, escenario de la celebración de la riqueza étnica y cultural de Oaxaca, anochece repleto de cientos de policías listos para impedir que los insurrectos echen a perder los últimos trozos de la fiesta que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha convertido en su prueba de fuego.

Los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca (APPO) llegan por fin a un acuerdo: se mantiene el boicot y una marcha mañanera partirá este lunes de la sede de la procuraduría estatal rumbo al zócalo. El acuerdo establece que evitarán acercarse al Cerro del Fortín, sede del festejo organizado por el gobierno estatal.

''No podemos arriesgar a nuestros compañeros ni al pueblo de Oaxaca'', dice el dirigente magisterial Ezequiel Rosales Carreño.

Es decir, todo igual para el primer Lunes del Cerro. Porque nadie, ni en el gobierno local ni en la APPO, puede jurar que una ofensa o un roce no terminarán en una nueva arremetida contra los manifestantes que se oponen a la ''Guelaguetza comercial''.

Llamado extemporáneo

Para que todo siga igual -o para que sea diferente del año pasado, cuando la fiesta se suspendió- el gobierno del estado hace un nuevo llamado a establecer una mesa de diálogo por Oaxaca, por conducto de su Secretaría de Gobierno. Como hizo hace cuatro días, llama a la APPO y a la sección 22 del SNTE, a sabiendas que le dirán que no.

Las diferencias con respecto a otros años, en todo caso, ya estaban cantadas. El gobierno estatal tendrá su fiesta al precio de decenas de golpeados y 36 nuevos presos, pero no llenará el auditorio con turistas e invitados especiales, sino con ''acarreados'' de los pueblos y burócratas, según diversas denuncias.

La Asamblea Popular y el magisterio, que el domingo 13 dieron una prueba de su temple y su poder de convocatoria con una ''Guelaguetza popular'', tampoco las tienen todas consigo. Sus grupos más radicales, o bandas de provocadores, según se le quiera ver, abrieron la puerta a la gana ulisista de dar una ''lección'' a sus opositores, como sucedió el lunes 14 de julio pasado. La golpiza exhibió nuevamente al gobierno de Ruiz Ortiz, pero también acentuó las diferencias entre los maestros y la APPO, y alejó de las movilizaciones a varios sectores.

La marcha de hoy es un ejemplo. Entre 3 mil y 5 mil personas, según quien haga el conteo, avanzan de Cinco Señores al Zócalo, en silencio. Muchos eran maestros, pero ni por asomo las decenas de miles del año pasado. Cancelada la asamblea estatal, de las regiones sólo vinieron ''delegaciones representativas''. La mayor parte de los marchistas eran profesores de los Valles Centrales. Al frente de la columna iban los dirigentes de la sección 22, encabezados por Ezequiel Rosales Carreño, el secretario de Organización a quien el ala dura del profesorado tacha de ''vendido''. Raro, porque él aguanta vara y camina codo con codo con Erangelio Mendoza, jefe de uno de los grupos radicales de la sección y ex preso de Ulises Ruiz.

En el arranque de la marcha, algunos grupos arrancaron propaganda electoral del PRI y el PAN y prendieron fuego a un anuncio de la ''Guelaguetza oficial y comercial''. El resto de la caminata transcurrió en silencio y en orden. Es más, ni siquiera una patrulla de tránsito se apareció por ahí. Acaso, es natural suponer, porque el gobierno oaxaqueño tiene mucha, mucha policía en el Cerro del Fortín. ¿Cuánta? Baste decir que la vigilancia en un clásico Pumas-América, en Ciudad Universitaria, se queda corta.

La marcha llegó al zócalo. Los ojos de los pocos que se quedanron -una quinta parte de los marchistas- estaban sobre Ezequiel Rosales. En los días previos, el comité ejecutivo de la sección 22 decidió cancelar la asamblea estatal del magisterio, pues en la anterior hubo jaloneos y vidrios rotos, y ello provocó el enojo de una parte de los appistas. Ahora lo quieren medir.

Bernabé Jiménez Ríos, secretario de alianzas de la sección 22, refrendó que en unas horas el comité ejecutivo decidirá las acciones a realizar y las anunciará por medio de ''las estructuras del movimiento'', luego de consensarlas con la APPO. Definió, eso sí, el sentido del boicot a la Guelaguetza que quiere el magisterio: ''Tenemos que hacer acciones, pero de manera muy responsable''.

La voz más esperada era, sin embargo, la de Ezequiel Rosales, quien resumió en tres puntos la postura del magisterio: la demanda de libertad incondicional de los presos y el cese al hostigamiento policiaco; la unidad de todas las organizaciones bajo ''la regla de oro de la organización y la disciplina'', y la condena al "virtual estado de sitio'' que vive la capital oaxaqueña.

Entre los pocos marchistas que se quedaron estaban los detractores de Rosales. No eran mayoría, pero sí los más gritones, o los que saben colocarse para lanzar: "Unidad, unidad, sin charrismo sindical".

Ezequiel Rosales la agarró al vuelo y comenzó a gritar lo mismo desde el micrófono. Al finalizar el mitin, el líder salió rodeado de sus colaboradores y su equipo de seguridad. Unos pasos adelante lo esperaban reporteros y fotógrafos. El dirigente repitió su discurso de unos minutos atrás, pero el momento fue aprovechado por algunos de los maestros inconformes para increparlo por haber suspendido la asamblea estatal. Algunos, repartidos aquí y allá en la plaza de los sabrosos portales, también le gritaban: ''¡Vendido!'', ''¡payaso!''

A pesar de los gritos, todos se quedaron esperando la junta en la cual la dirección de la sección 22 decidiría los términos de su participación. Ya de noche se anunció la marcha de la procuraduría al zócalo, pero nadie mete las manos al fuego por lo que sucederá cuando lleguen los príistas de otras partes del estado o cuando se topen appistas con ulisistas en cualquier punto de la ciudad, lejos del Cerro del Fortín.

A lo largo del trayecto de la marcha algunos activistas repartieron volantes en los que invitaban a los empleados estatales a no asistir a la Guelaguetza del gobernador. ''¿Cuánto vale tu dignidad? ¿300, 500 pesos? Si te vendes por unos cuantos pesos entonces no eres oaxaqueño''.

Aunque tal vez no sea tan poco el dinero. Por correo electrónico y de boca en boca, trabajadores del gobierno estatal denuncian desde hace varios días que el personal de confianza y de honorarios están siendo obligados a asistir a la Guelaguetza con la amenaza de que, de lo contrario, serán despedidos.

Una empleada de la Secretaría de Finanzas, quien pidió no ser identificada, dijo que fue citada a las siete de la mañana para pasar lista y recibir sus boletos. ''Yo informé a mi superior que iba a ir con mis dos hijos, pero dijo que no, porque puede pasar algo y así (sin niños) podemos correr mejor''.

A los appistas, naturalmente, les va peor. Judith Méndez Ramírez, por ejemplo, fue detenida la noche del viernes, junto con cuatro de sus compañeros, por presuntos policías que los pasearon por la ciudad, los interrogaron y les robaron sus pertenencias. ''A mí me dieron tres días para salir de Oaxaca, porque si no a mi familia, así dijeron, se la va a llevar la chingada''. Méndez fue detenida junto con Antonio Hernández Castro (ayer se le atribuyó erróneamente en este espacio ser pareja de Méndez), Juan Velázquez Cruz, Faustino Hernández y Rode Velasco, una profesora a quien le robaron el dinero de dos quincenas. Luego de unas horas, maltrechos, los cinco fueron liberados.

Una ''acción política distinta'' a la marcha acordada, dice Ezequiel Rosales, sólo provocaría ''mayor represión'' de los gobiernos federal y estatal, especialmente del ''tirano'' (el gobernador), al tiempo que culpa por anticipado a Felipe Calderón y Ulises Ruiz de los hechos de violencia que pudieran ocurrir este lunes. ''Serán los responsables de la sangre derramada'', advierte.

En la misma jornada, el gobernador Ruiz dijo que no habrá ''enfrentamiento'' alguno y garantizó que la fiesta del lunes 30 de julio también habrá de celebrarse. Existe, dice Ruiz, ''la suficiente fuerza del Estado para garantizar la seguridad de los visitantes internacionales, nacionales y locales (sic)''.

Se ve esa fuerza en el Cerro del Fortín, cerrado el tráfico de poniente a oriente, reforzados los retenes, rentrenados los antimotines. Si algo faltara, los agentes del orden reciben este día cohetones y canicas, por si la APPO se aparece.