PGR contra las cajas populares
Las cajas populares son instituciones de ahorro y préstamo a las que desde hace ya muchos años la gente sin acceso a los bancos acude con confianza; casi todas adoptan la forma de una sociedad cooperativa, pero algunas son sociedades o asociaciones civiles, y otras más, sin forma legal alguna; están constituidas por grupos de amigos y conocidos, de vecinos o de artesanos del mismo gremio, que ponen en común pequeñas cantidades para constituir un fondo del que prestan al socio que lo requiere.
Fueron introducidas en México por el padre Pedro Velásquez, sacerdote, sociólogo y promotor de instituciones populares de auténtica solidaridad, quien presidió el Secretariado Social Mexicano, allá por los años 40 del siglo pasado, y fundó o ayudó a fundar más de 600 cajas populares y promovió infinidad de cooperativas de consumo y de producción, algunas de las cuales aún subsisten en zonas modestas de las grandes ciudades del país, incluida por supuesto la capital.
Era el padre Velásquez uno de aquellos representantes del clero católico que unían la acción al discurso, interesados en fomentar lo que años después se llamaría el sector social de la economía y que ahora está amparado y reconocido expresamente por el artículo 25 de la Constitución vigente, texto legal que para los gobiernos neoliberales, de Salinas al de facto de Calderón, es simplemente letra muerta.
Las cajas populares agrupan a cientos de miles de pequeños ahorradores, en cerca de 6 mil organizaciones que funcionan a todo lo largo y ancho del país, desempeñan una importante función social para la economía de muchas familias modestas y son la fuente de financiamiento natural de pequeños talleres y comercios, que sin papeleos, sin complicaciones burocráticas y a bajo costo, reciben oportunamente los recursos que necesitan, sin más aval que su propio trabajo y el hábito arraigado de cumplir con lo prometido.
Las cajas populares pertenecen al gran movimiento cooperativista formado por empresas que no buscan el lucro, sino el apoyo mutuo, solidario y popular. Un solicitante de crédito de una caja popular no sería bien visto en las lujosas y exigentes oficinas de la banca ni sus ahorradores encontrarían en los bancos la atención cordial y los estímulos que sus propias asociaciones cooperativas, de las que ellos son beneficiarios y dueños al mismo tiempo.
Por supuesto, estas estructuras económicas de los de abajo no se avienen bien con el hipercapitalismo de nuestros días ni con la globalización, mucho menos con el modelo estadunidense que los nuevos y soberbios científicos, los tecnócratas de nuestros días, pretenden seguir tan tenaz como equivocadamente.
Y estos tecnócratas se han empeñado en que las cajas de ahorro popular desaparezcan, así como quieren también que desaparezcan los ejidos, los sindicatos, las comunidades agrarias, la vivienda popular y la medicina social; sólo que, como en otros, en el caso de las cajas populares se han topado con una resistencia ejemplar que ha impedido que este eficaz instrumento de crédito sea simplemente arrollado por los acólitos del neoliberalismo como Pedro Aspe, Gil Díaz y Guillermo Ortiz.
De todo han intentado para combatirlas, pero siempre las cajas populares han sorteado los obstáculos que les ponen, con un buen equipo de abogados, han ganando amparos e interpuesto recursos administrativos que les han permitido continuar funcionando para bien de sus agremiados y de la economía popular.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular es una de las últimas intentonas en contra del cooperativismo del ahorro; sin embargo, un oportuno artículo transitorio difirió la entrada en vigor del ordenamiento que pretende acabarlas y ordenó la creación de una comisión que con criterio de economía solidaria estudie el asunto en la Cámara de Diputados.
Pero, los neoliberales y los nuevos científicos, impacientes, autoritarios como lo eran sus predecesores porfiristas de hace cien años, han recurrido a una última maniobra, que no puede calificarse si no de vil y canallesca. Han iniciado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), acusando a los funcionarios de las cajas populares de que recaudan dinero del público sin tener la correspondiente autorización de Hacienda.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia no puede prosperar porque no es cierto que las cajas de ahorro recauden dinero del público, sino que reciben tan sólo ahorros de sus propios socios, que son los que con pequeñas, pero numerosas aportaciones hacen posible el sostenimiento del fondo para otorgar pequeños y oportunos créditos, que por cierto son cubiertos a tiempo casi en un ciento por ciento.
Esta última maniobra, que pretende sacar las castañas con la mano del gato, no podrá prosperar porque no hay fundamento legal para ello, pero, entre tanto, la PGR es usada para intimidar, entorpecer y retrasar el trabajo de las cooperativas de ahorro y simultáneamente sembrar miedo y desconfianza. La Procuraduría tiene asuntos más importantes que atender que perseguir a cooperativistas que no son delincuentes y sí, en cambio, están prestando un valioso servicio social.
No pueden la soberbia y la arrogancia de los neoliberales, que tan mal han atendido la economía del país, usar a la PGR lanzándola al campo de batalla, en contra de ciudadanos que son un ejemplo por su organización, su honradez y su eficacia en el manejo de sus propios recursos, mediante un sistema solidario en el que no priva la ley de la selva, sino la fraternidad y la colaboración.