El descrédito de la democracia
Entre las causas centrales de las revoluciones que han marcado la historia moderna, la exigencia para seleccionar libremente a los representantes de todos los niveles de gobierno, sin duda fue uno de los principales logros. Otra meta alcanzada, no menos importante, fue la de contener las apetencias y excesos del gobernante respecto de los bienes públicos y privados. Patrimonialismo, lo llama Max Weber. Ambos ejes de la construcción de la democracia contemporánea observan una grave e incontenible degradación en su sentido y utilidad como referentes de una sociedad donde la prudencia, el sentido de buen gobierno y la capacidad para lograr acuerdos que propicien la estabilidad, poco a poco desaparecen ante la intensidad de los escándalos y la insaciable voracidad de equipos instalados en las oficinas públicas.
Este grave mal afecta no sólo al caso de la democracia en nuestro país, sino que asuela a muchos otras latitudes, donde la posibilidad para reciclar los grupos e intereses de la sociedad -base de la misma democracia- chocan contra la articulación de inextricables redes de compromisos; sea la esposa del presidente de Argentina o la esposa del ex presidente William Clinton, o se trate de Javier Lozano para contratar abogados en Estados Unidos que lo defiendan de una acusación de la que, se supone, no hay elementos probatorios; mentir para ganar, como los casos de José Aznar, Anthony Blair y George W. Bush en el caso de la invasión en Irak, sin descontar la muy solicitada práctica de heredar cargos y posiciones a familiares en línea directa. De aquella democracia que abría la puerta a la competencia entre proyectos y candidatos, la verdad es que queda muy poco. Los mencionados harán uso de la red de relaciones y de recursos que proveen las oficinas de gobierno o no.
La cuestión de la viabilidad de la democracia se vuelve muy compleja, cuando desde las estructuras de poder y dominación no puede darse el mínimo ejemplo de probidad, sensatez, equilibrio en las decisiones y así anteponer a la coyuntura los objetivos de largo aliento que permitan construir una sociedad justa y con opciones de desarrollo para los ciudadanos. Pero esto se vuelve imposible, si quienes debieran ponerla en práctica para ser los referentes de la necesidad de contener y aminorar los apetitos del poder, precisamente son los que inician por subordinar leyes, presupuestos y las reglas mismas de la ética política para garantizar sus muy patrimoniales aspiraciones. Cómo exigirle al ciudadano que proceda de otra forma si sus gobernantes no lo hacen. Es allí donde fracasan los intentos de modificar o agregar calidad a nuestras democracias.
Mucho se escribe y analiza sobre que sí y que no de nuestras leyes e instituciones, pero muy poco se enfoca a analizar con detenimiento y seriedad la consistencia y congruencia de la clase gobernante. Insisto, no sólo por lo que hace a nuestro país, sino en la serie de referentes y prácticas en otras naciones. Michelangelo Bovero, en su libro Contra el gobierno de los peores (Laterza, 2000), reflexiona en la parte tercera de la obra, respecto de la kakistocracia o la degradación de la democracia, desde la perspectiva de que los responsables no supieron o no quisieron asumir la grave responsabilidad de conducir bien y de manera responsable los asuntos públicos. Llegamos entonces a las afirmaciones de "si no está prohibido, está permitido" o bien "si no lo hacemos nosotros, otros lo van a hacer". De allí la relevancia fundamental de que la democracia, además de procedimientos y contendientes, requiere de condiciones específicas donde el gobernante sea referente de ecuanimidad (personal, política y patrimonial).
Como vemos, persistir en la línea de la apropiación y el saqueo de los recursos públicos, en la imposición y la cerrazón a otros actores, propicia que las estrategias de legitimación se enfoquen a la realidad como diseño virtual de acuerdos que no hay; eso a su vez permite que sean los medios electrónicos los que se conviertan en los fiscales de procesos en donde lo menos relevante son los intereses de las mayorías. La certeza de que no vamos bien es la evidencia en la construcción de impenetrables redes de complicidades que condicionan el futuro de la nación. Se acerca el primer Informe de Gobierno y, a la fecha, no se ha detectado o iniciado una sola investigación de corrupción o abuso de poder, respecto de una administración como la de Vicente Fox, cuya característica principal fue la utilización inmoderada del poder. Así no se puede gobernar.
Para qué sirve votar, si la calidad del empleo y la estabilidad del mismo es una meta lejana. Qué decir en materia de seguridad pública. El futuro de la democracia, en México y otras partes del mundo, dependerá entonces de la capacidad de los operadores políticos; una vez instalados los nuevos gobiernos, con el paso del tiempo, enfrentan conflictos y desgaste. Es normal, pero ese proceso no debe afectar la confianza de los ciudadanos respecto de quiénes toman las decisiones en nombre de la colectividad. Gobernar es tomar decisiones, y tomar decisiones es afectar intereses de grupos. Si se gobierna con sentido de mayoría y de nación, los resultados aunque no lo reflejen las encuestas, son síntoma de buen gobierno. Lo demás, es imagen, etérea y circunstancial. Es apetencia por el poder.