Omisiones, tortura, chantaje y compra de testigos
Denuncian proceso amañado contra aspirante en Veracruz
En un caso en el cual se han documentado compra y chantaje de testigos, omisiones en la investigación ministerial y denuncias de tortura para que los acusados confesaran ser culpables de un robo, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz encarceló a un artesano y a un abogado del municipio de Huayacocotla. Este último aspiraba a contender en las elecciones locales del 2 de septiembre.
Según consta en documentos judiciales cuya copia tiene La Jornada, la madrugada del 14 de diciembre pasado fueron robados 738 mil 559 pesos en efectivo de la tesorería de Huayacocotla, una comunidad serrana que vive de la madera y del caolín, y que apenas tiene 4 mil habitantes.
José Luis Mendoza Rodríguez, ex asesor jurídico de la alcaldía, y Armando Vargas Badillo, artesano, fueron acusados y detenidos como presuntos autores del robo.
El dinero estaba destinado a quincenas, aguinaldos y becas de servidores públicos y habitantes de la localidad y fue extraído del cajón sin llave de un mueble, a pesar de que desde hace varios años las autoridades municipales acostumbraban guardar los fondos en la caja fuerte de la tesorería.
Únicamente cinco personas tenían la llave de esa oficina pública, pero ninguna de ellas fue acusada del robo.
La Procuraduría de la entidad tampoco realizó peritajes de dactiloscopía para identificar las huellas digitales de los presuntos ladrones.
Los dos acusados, que se encuentran en la prisión municipal, ya recibieron un amparo de un juez federal, pero el recurso legal no ha sido confirmado en segunda instancia.
A entender de Javier Marbán, defensor de los inculpados, la acusación es más de índole política que jurídica, ya que el abogado Mendoza Rodríguez tiene aspiraciones políticas, además de que ha criticado el desempeño del actual edil de la localidad, el priísta Martín Monroy.
Apoyado en pruebas y documentos que ha presentado para este caso, el litigante asegura a este diario que el proceso fue ''armado'' por la procuraduría estatal.
Cuando se presentó la denuncia de hechos, el síndico municipal, José Gaspar Fajardo, declaró que la chapa de la puerta de la tesorería había sido forzada hasta botar el seguro. No obstante, después de que se iniciaron las investigaciones, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que el cajón fue abierto con una llave.
Otra de las inconsistencias en la investigación está en la declaración del segundo comandante Leopoldo Durán, quien afirmó en la denuncia que a las 3:20 horas recibió una llamada telefónica anónima que le alertó que una ventana de la alcaldía estaba abierta, pero su subordinado, Antonio Hernández, declaró que Durán recibió esa llamada a las 2:40 horas, es decir, 40 minutos antes. Ambos descubrieron el robo.
Aunque Gaspar Fajardo pidió que investigaran a Durán como probable responsable, eso no sucedió.
Un mes después del robo, el alcalde de Huayacocotla, Martín Monroy, y su segundo regidor, Ricardo Portillo, acudieron a las autoridades ministeriales a denunciar que habían recibido una llamada telefónica desde Louisiana, Estados Unidos, en la cual alguien que dijo llamarse Josué Reyes Tovar denunció que Crescencio Lechuga, ex auxiliar municipal de Fomento Agropecuario, era el autor del robo.
Durán y su esposa, Teresa Carmona, exigieron a Lechuga pagar 100 mil pesos a cambio de no denunciarlo, según la versión que el alcalde dijo haber recibido de parte de Reyes Tovar.
Un día después de la llamada, el jefe de grupo de la Policía Ministerial, Alfredo Mendiola, redactó un informe en el cual asegura que Teresa Carmona le confirmó lo dicho por el alcalde, y que el abogado Mendoza Rodríguez y el artesano Vargas Badillo también estarían involucrados en el robo.
El 27 de enero, ante el juez de Huayacocotla, Vargas Badillo aseguró que agentes de la policía lo habían torturado para que se inculpara, por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una indagatoria.