Editorial
Zhenli: detención y cuentas pendientes
La detención de Zhenli Ye Gon, realizada ayer en Rockville, Maryland, abre un nuevo episodio en la saga popularmente conocida como chinogate, la cual está lejos de haber concluido, a pesar de los intentos del gobierno federal por pasar la página: apenas la semana pasada el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dio por concluido el asunto y consideró "ocioso" seguir hablando del tema. Sin embargo, ahora empieza el capítulo del proceso de extradición.
Nada asegura que las autoridades mexicanas la consigan, pero es claro, en cambio, que el manejo del caso en tribunales les significará nuevos riesgos. Y es que, si bien el empresario y sus abogados no aportaron, en la conferencia de prensa del pasado 18 de julio, ningún elemento que fundamentara las acusaciones originales de que la mayor parte del dinero que le fue decomisado eran fondos de la campaña presidencial panista -se los habría dado a guardar un funcionario de nombre Javier Alarcón, bajo amenaza de "darle cuello"-, el calderonismo ha salido muy mal parado desde que dio a conocer el decomiso.
Muchas preguntas hay en el aire, tantas como los puntos oscuros en la actuación de las autoridades en el asunto y sobre los cuales la sociedad merece explicaciones puntuales.
El primer dato que debe ser esclarecido es el tránsito y destino de los más de 200 millones de dólares en efectivo que fueron incautados el 14 de marzo en una mansión propiedad de Zhenli. El gobierno calderonista ha exhibido, a este respecto, una alarmante opacidad, además de una deplorable carencia de coordinación informativa. Tras el decomiso, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el dinero fue depositado en el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aerea y Armada (Banjército) y que se encontraba bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Sin embargo, el pasado 2 de julio, el director del SAE, Luis Miguel Alvarez Alonso, informó a este diario que los dólares habían sido transferidos a la Reserva Federal de Estados Unidos, con el inverosímil argumento de que la legislación mexicana prohíbe a las instituciones bancarias del país recibir depósitos en efectivo superiores a 15 mil dólares; dos días después, el 4 de julio, la Secretaría de Hacienda y el propio SAE informaron que la montaña de billetes fue enviada a "una institución bancaria de la Unión Americana": el Bank of America. Finalmente, el 13 de julio, ambas dependencias notificaron, en un escueto comunicado, que el dinero incautado se encuentra en las bóvedas del Banco de México (Banxico). Más tarde, el mismo día, el Procurador Fiscal de la Federación, Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, aclaró que lo único que el Banxico tiene es una ficha de depósito por la cantidad asegurada, pero que es muy probable que los billetes decomisados en la residencia de Zhenli se encuentren desperdigados por todo el mundo, tras ser enviados al Bank of America. Se ha señalado, con razón, que con todos esos movimientos el gobierno incurrió en algo muy semejante al lavado de dinero, y es necesario que explique las razones que tuvo para hacer desaparecer los montos de efectivo que constituían, por cierto, prueba del supuesto delito.
Por otra parte, el daño principal provocado a la administración actual no deriva de las supuestas revelaciones de Zhenli, sino de las apresuradas e improcedentes reacciones de las autoridades: el vitriólico comunicado inicial de la PGR, el viaje del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón -quien se dio por aludido ante las acusaciones-, a Estados Unidos para demandar a Zhenli, y la desafortunada declaración del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, al afirmar que el empresario de origen asiático sería "puesto tras la cárcel", palabras por demás fuera de lugar, pues la responsabilidad de encarcelar a los responsables de los delitos recae en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo. Estas reacciones pueden explicarse, en parte, por la falta de oficio y de experiencia del equipo presidencial, pero también por el acuciante déficit de legitimidad que la actual administración arrastra de origen y que le imprime un notorio nerviosismo.
Adicionalmente, la libertad de movimiento de que Zhenli gozó hasta ayer en Estados Unidos sugiere la determinación de Washington de lucrar con la historia del empresario y supuesto narcotraficante, a fin de disponer de un elemento de presión que podría usar, eventualmente, contra el gobierno calderonista. Ya se aclarará esta posibilidad en el curso del proceso de extradición.
En suma, lo que ha sido calificado por las autoridades federales como un "cuento chino" ha dado cuenta de la preocupante debilidad del actual gobierno en diversos terrenos: su incapacidad para reaccionar en forma pertinente y oportuna, su vulnerabilidad ante Estados Unidos, su falta de comprensión de los mecanismos legales, su opacidad y su descontrol interno.