Violaciones a garantías sociales y brutalidad policiaca en Oaxaca, entre las causas

Propone el PRD la reapertura del juicio político contra Ulises Ruiz

Pide la comparecencia de Ramírez Acuña para que explique por qué no ha intervenido

VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL

El PRD propuso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reactivar el juicio político contra Ulises Ruiz Ortiz por las graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales y sociales, y por acción y omisión de su gobierno en el conflicto social presentes en Oaxaca desde hace 14 meses. Además, planteó que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, para que explique por qué no ha intervenido en la crisis oaxaqueña.

Antes, cuando se sometía a votación una propuesta para aprobar un punto de acuerdo para que el secretario de Gobernación informe a la Permanente "el estado que guarda la elaboración del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", Pablo Gómez, diputado por el PRD, advirtió que en Oaxaca se viven tiempos que recuerdan a los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez, en los que hubo persecuciones, torturas y desapariciones.

"Estamos regresando a esos tiempos. En un país no hay democracia cuando hay tortura, tratos inhumanos o degradantes, persecución política, o en donde todo problema se convierte en asunto de represión y de tribunales penales."

Gómez, quien fue encarcelado por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, aseveró en tribuna: "hemos vuelto a la consigna en México de libertad a los presos políticos, que caracterizó el largo periodo de las décadas de los 60 y los 70. Periodo de la denominada guerra sucia, cuando se cometieron las masacres estudiantiles de 68 y 71, y centenares de ciudadanos fueron desaparecidos".

Recordó que sigue vigente el grito emblemático del 68: "'libertad a los presos políticos'. Es una consigna de la mayor importancia hoy en el país, desde el punto de vista de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos".

En el punto de acuerdo presentado por los diputados perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza, señalan que el pasado 16 de julio, "el hilo de que pendía la supuesta tranquilidad en el estado de Oaxaca se rompió: imágenes que parecían estar en la memoria gráfica se volvieron a repetir a más de un año de haberse iniciado el movimiento magisterial y popular de esa entidad. La ciudad de Oaxaca se sumergió de nuevo en el conflicto: edificios públicos tomados, calles cerradas con barricadas, vehículos quemados y enfrentamientos callejeros".

Subrayan que los hechos parecen ser los mismos que el año pasado: "exceso de violencia por parte de los cuerpos policiacos, prácticas intimidatorias y de represión a la movilización social, escenas de hombres de rodillas, con los ojos vendados y las manos en el suelo, con manchas de sangre en sus camisas, signos de golpes, labios reventados; el saldo que pareciera no ser tan grave comparado con los más de 20 muertos, los cientos de heridos y detenidos que arrojó la represión en ese estado el año pasado, pero que ante esos hechos presentes y futuros no podemos permanecer como meros espectadores".

Propusieron que se cite a comparecer al secretario de Gobernación para que explique la falta de actuación ante el conflicto social, y pidieron que se exhorte a esa dependencia a instalar de manera inmediata y urgente mesas de diálogo.

El PRD también solicitó que se reactive la denuncia de juicio político contra Ulises Ruiz, porque "desde la presentación de la denuncia, el 26 de octubre del año pasado, han trascurrido 234 días en los que han sucedido más de 27 homicidios, incluyendo el del camarógrafo Brad Will; se ha lesionado a una cantidad innumerable de ciudadanos oaxaqueños, así como de representantes de los medios de comunicación; se detuvo a alrededor de 700 personas, de las cuales hasta antes del último conflicto, el del 16 de julio pasado, todavía quedaban ocho recluidas; más de un millón de niños fueron afectados en la educación y se produjeron pérdidas por más de 400 millones de pesos".

Asimismo, los senadores Rosario Ibarra y Alejandro González Yáñez, del PT; el perredista Salomón Jara, y Gabino Cué, de Convergencia, presentaron un punto de acuerdo para que la Permanente se pronunciara por el rechazo al uso de la violencia, que la Procuraduría General de la República inicie una investigación por las personas presuntamente desaparecidas a partir del 16 de julio pasado, que se haga un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que elementos del Ejército se abstengan de realizar detenciones con motivo del conflicto, y que se impida el ingreso de los detenidos a cárceles o campos militares.