Una reforma fiscal progresista
El dilema se resolvió y los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) han presentado una propuesta de reforma fiscal. Con ello se genera un primer acuerdo entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso: la reforma del fisco federal es necesaria y urgente. En principio, ese parece el único acuerdo relevante, ya que las dos propuestas presentadas tienen bases diferentes. La del gobierno federal se apoya en un impuesto de control, la contribución empresarial de tasa única (CETU), que implícitamente corrige el régimen de consolidación y agrega el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos.
La del FAP mantiene como impuesto vertebral al ISR, derogando el régimen de consolidación fiscal, eliminando del pago a quienes reciben hasta cinco salarios mínimos, mejorando la progresividad actual, reconociendo que todos los ingresos de las personas físicas son acumulables y limitando los factores de deducibilidad para personas físicas y empresas. Los impactos económicos de ambas propuestas son, en consecuencia, diferentes. La oficial incrementa los ingresos tributarios -que en 2006 fueron equivalentes a 9.7 por ciento del producto- en 2.8 puntos, en tanto la otra lo haría en cuatro puntos.
Hay otras diferencias significativas. La de mayor calado es que en la reforma oficial no se establece el destino de los recursos adicionales que se captarían, ni aparecen nuevas decisiones que reduzcan el gasto corriente. En cambio, en la del FAP se señala expresamente que los recursos nuevos se destinarían a sectores estratégicos y se establece una reducción del gasto corriente de un punto del producto. Con ello el planteamiento del PRD y sus aliados importa cinco puntos del PIB, es decir, aproximadamente 500 mil millones de pesos.
Si la recaudación esperada se diera en 2008, los ingresos tributarios serían de casi 15 puntos del producto, lo que seguiría siendo bajo en relación con parámetros internacionales. El promedio en los países miembros de la OCDE es de 28 por ciento, en Brasil de 21.2, en Argentina y Chile de 18. Ello da cuenta de un rezago tributario que debiera reconocerse en ambas propuestas, enfrentándolo con un programa de mediano plazo que paulatinamente nos llevase a los estándares mundiales. Para esto podría hacer falta introducir impuestos nuevos, de modo que formular como principio que no los haya es riesgoso.
Entre las novedades que se incorporan en ambos planteos está la modificación de que los donativos sean deducibles al cien por ciento y el control a las campañas de redondeo. El asunto tiene varias aristas: una es que el uso dado por las empresas otorgantes y por las entidades que reciben los donativos no ha sido escrupuloso, hay corrupción y engaños al fisco que son del conocimiento público. Un segundo aspecto es que si el Estado es capaz de usar eficientemente los recursos adicionales se crearán empleos nuevos que evitarán que decenas de miles de personas requieran servicios asistenciales.
Lograr que se ejerza eficientemente el gasto público es un requisito fundamental. Ello no se logra con sólo prohibir que se amplíe el gasto corriente y destinarlo a proyectos de infraestructura, energía, ciencia y tecnología, educación, desarrollo regional y desarrollo social. Se trata de sectores indudablemente estratégicos, pero en ellos existen grupos que han lucrado por décadas con inversiones públicas. El sindicato de maestros con su liderazgo vitalicio y el petrolero con uno similar tienen que ser acotados severamente para evitar que se apropien de porciones mayores de esos recursos.
Las propuestas presentadas debieran ser valoradas en función de sus méritos y sus deméritos, acordando la que más convenga a los intereses nacionales. Sin embargo, parece difícil que ocurran así las cosas. Más bien, el escenario probable es el de negociaciones entre los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del PRI, que incorporarán variables como la permanencia de Ulises Ruiz y las elecciones de Baja California, pudiendo alcanzar acuerdos si los precios solicitados son pagables, independientemente de las bondades de la propuesta del FAP.
Una forma de evitar que esto suceda es proponer una discusión que parta del reconocimiento de que el desarrollo exige que el Estado disponga de recursos. En consecuencia tiene que haber reforma fiscal. Las presentadas tienen aciertos y errores. Acordar lo acertado sería útil para todos, pero sobre todo para quienes no están en San Lázaro, para quienes tienen que emigrar, para quienes merecen que su futuro exista y sea mejor.