Resolución provisional de la SCJN obliga a suspender nueve obras por $300 millones

Prohíben al gobierno de Coahuila crear infraestructura en Torreón

El ayuntamiento mintió a los magistrados y perjudica a sus propios habitantes, señala Moreira

Sólo se pide a la administración estatal coordinarse con la municipal para hacer trabajos: el edil

LEOPOLDO RAMOS

Saltillo, Coah., 25 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió provisionalmente en favor del Ayuntamiento panista de Torreón para evitar que el gobierno del estado realice directamente obras de infraestructura urbana en su territorio. Esta decisión significa la suspensión de nueve obras, en las cuales la administración estatal invertía unos 300 millones de pesos.

El gobernador del estado, el priísta Humberto Moreira Valdés, dijo que acatará la disposición de la SCJN, pero acusó al presidente municipal de Torreón, el panista José Angel Pérez Hernández, de atentar contra los habitantes de su municipio.

''Para gobernar hace falta madera (política) y responsabilidad social'', dijo Moreira y aseguró que, al promover la controversia constitucional, el alcalde de Torreón ''atentó contra sus propios ciudadanos con algo impensable como el hecho de que se detengan las obras. El único ejemplo que conozco de un gobernante que atenta contra su pueblo es el de Stalin.

''Quiero pensar que fue una travesura lo que hicieron y que no pensaron en las consecuencias tan delicadas, pero el que escupe pa' arriba le cae la saliva en la cara. Esto que hicieron sin pensar en la población traerá consecuencias muy graves que no se merecen los ciudadanos de Torreón. El presidente municipal hizo algo de lo que se va a arrepentir, porque está golpeando a la población. El alcalde metió la pata'', dijo en tono molesto.

Entre las obras que el gobierno estatal suspendió la mañana de este miércoles, en acatamiento a la disposición de la Corte que se libró el martes por la noche, se destaca la demolición y reconstrucción del distribuidor vial Revolución, obra defectuosa edificada pór la pasada administración estatal y que está a punto de colapsarse.

Las demás obras suspendidas son la construcción del sistema vial Centenario; pavimentación e instalación de alumbrado en la avenida Central; construcción del mercado Nueva Alianza y del puente Valle Verde; embovedado de un canal abierto de aguas residuales en la zona conocida como Ciudad Nazas; la edificación del paseo turístico Canal de la Perla; la construcción del paso a desnivel Alianza, y la edificación del complejo vial Nudo Mixteco.

El gobernador anunció que la Secretaría de Gobierno pedirá a la Suprema Corte revisar la sentencia, ya que el ayuntamiento de Torreón mintió a los ministros al asegurar que las obras que el estado realizaba en Torreón no estaban sujetas al consenso de las autoridades municipales.

''El alcalde mintió a la Suprema Corte y eso es constitutivo de un delito penal, porque nosotros tenemos los oficios de las obras firmados por el ayuntamiento, donde éste da su consentimiento, pero lo más delicado en este momento es que se detienen las obras que iban a ser de beneficio para los habitantes de Torreón'', puntualizó.

El edil José Angel Pérez Hernández consideró que el gobierno estatal ''está malinterpretando la resolución de la Suprema Corte, porque no se habla de que las obras deban suspenderse, sino que para poder realizarlas el gobierno del estado tiene que coordinarse con el ayuntamiento; ellos tienen que informarnos lo que van a hacer''.

Consideró que el fallo de la Corte ''abona al federalismo'', pues ''ninguna dependencia puede llegar al municipio, violar la autonomía municipal y querer hacer lo que quiera''.

En su resolución, los ministros Sergio A. Valls Hernández y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, miembros de la Comisión de Receso de la SCJN, determinaron que el Poder Ejecutivo y sus dependencias ''suspendan las obras que realizan en el territorio del municipio actor (en este caso Torreón), en tanto éste las avale y en su caso firme con el gobierno del estado los convenios correspondientes''.

El ayuntamiento de Torreón presentó un juicio de controversia constitucional por no estar de acuerdo en que el gobierno estatal haya creado la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna como organismo para coordinar y realizar obras y programas estatales en la localidad.

Según Pérez Hernández, esta dependencia viola el ordenamiento constitucional que estipula que no deben existir intermediarios entre el gobierno del estado y el municipal.

''El motivo de todo este problema es la Secretaría de Desarrollo Regional'', reconoció el edil, aunque el gobernador aseguró que la dependencia continuará con sus actividades.