Editorial
Obras inconsultas
Ayer, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, prácticamente dio luz verde a la construcción de un nuevo aeropuerto para el valle de México en la zona de Tizayuca, Hidalgo. Por su parte, el pasado 23 de julio el Gobierno del Distrito Federal presentó el proyecto para la construcción de un edificio de dimensiones gigantescas -cerca de 300 metros de altura-, al que se planea llamar Torre del Bicentenario, en las cercanías del cruce entre Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, a espaldas de la Fuente de Petróleos.
Es claro que el desarrollo del país y de su capital demanda la puesta en marcha de obras importantes, como un nuevo aeropuerto o edificaciones modernas y de gran presencia. Tales obras, además de satisfacer necesidades específicas, como desahogar el tráfico aéreo en el centro de México o incrementar de manera significativa los espacios para oficinas corporativas, impulsan el desarrollo económico en muchos más sectores que el de la construcción, contribuyen a generar empleos y dan una imagen renovada al país y a la ciudad de México. A primera vista ambos proyectos parecen estar precedidos por estudios serios de viabilidad, salvo en un aspecto que es sumamente importante: la consulta de las autoridades a las poblaciones afectadas por la construcción de estas obras.
En el caso de la Torre del Bicentenario, grupos de vecinos de las Lomas de Chapultepec y de Polanco han mostrado ya su inconformidad con el proyecto, al cual califican como una "tomadura de pelo", y aseguran que su edificación acarreará problemas viales adicionales en la zona. La controversia ha sido capitalizada de inmediato por la jefa delegacional panista en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, y por la bancada blanquiazul en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para poner piedras en el camino a la autoridad capitalina.
Por lo que toca al proyecto aeroportuario en Tizayuca cabe preguntarse si los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios de la zona aceptarán las expropiaciones de tierras a las que obligaría la obra. El propio gobernador de la entidad, Miguel Osorio Chong, ha cabildeado con insistencia y entusiasmo a favor del proyecto, pero otro tanto había hecho seis años antes Arturo Montiel en el estado de México para que se construyera en Texcoco otra terminal aérea. Sin embargo, en ese entonces el mandatario mexiquense no tomó en cuenta el sentir de los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes se pretendía expropiar sus tierras a cambio de una suma ridícula, y la oposición de los comuneros acabó enterrando el proyecto, en el cual se había invertido mucho dinero. Con un antecedente tal, ahora resulta obligado preguntarse por las posibilidades de que ocurra algo similar en Tizayuca.
Por otra parte, ha de recordarse que el anterior titular de la SCT, Pedro Cerisola, tras el fracaso del proyecto de Texcoco aseguró que una nueva terminal aérea se había vuelto "innecesaria" y emprendió la remodelación de la situada en el oriente de la ciudad de México, en lo que ha constituido un proceso opaco, turbio y de resultados a todas luces insatisfactorios. Si en verdad era necesario un nuevo aeropuerto, como ahora se sostiene, la ampliación y remodelación del actual pudo implicar un gigantesco desperdicio de recursos. Las declaraciones de Téllez generan inevitablemente suspicacias en torno al actuar de la secretaría hoy a su cargo: ¿Mentía la SCT en el sexenio pasado, miente ahora, o han cambiado las condiciones como para que la dependencia modifique su postura? Antes de promover una nueva solución aeroportuaria, sería necesario que la autoridad explicara a cabalidad, por elemental respeto a la opinión pública, los entresijos de tales decisiones.
Por lo demás, no deja de resultar sospechosa la premura del gobierno federal para anunciar la construcción de un nuevo aeropuerto fuera de los límites de la ciudad de México justo cuando el gobierno capitalino ha manifestado su interés por hacerse cargo de la terminal ya existente. Las preguntas derivadas de esta aparente coincidencia, y otras, seguirán en el aire en tanto la SCT no explique puntualmente las razones de su nuevo proyecto.
En todo caso, gobernar sin consultar a los gobernados y sin informar puntualmente a la ciudadanía resulta ya inadmisible, tanto en el ámbito federal como en el capitalino. Tal estilo en el ejercicio del poder no corresponde a la actualidad, sino a un país y una sociedad que ya no existen.