Equiparar guerrillas con grupos ultraderechistas, propósito del gobierno colombiano
Difunde Uribe proyecto de ley que da estatus político a ex paramilitares
En riesgo, el futuro judicial de 18 mil paras; algunos los reclama Estados Unidos
Santafé de Bogotá, 28 de julio. El gobierno de Colombia divulgó hoy un proyecto de ley que busca dar estatus político a ex integrantes de los escuadrones paramilitares de extrema derecha, en medio de una polémica que desató un enfrentamiento entre el presidente Alvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal dictaminó que los antiguos miembros de esos grupos, acusados de asesinar a miles de civiles en su guerra contra las guerrillas de izquierda, no serán procesados por sedición, pero sí podrían serlo por un delito diferente que les impediría ser indultados y participar en política.
La decisión judicial desató un enfrentamiento de Uribe con la Corte, luego de que el mandatario aseguró que el fallo tenía "un sesgo ideológico" al juzgar de diferente manera a guerrilleros y a paramilitares, lo que suscitó la inconformidad de los líderes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Rechazamos la censura grave y peligrosa del presidente de la República", replicó la Corte en un comunicado en que negó estar obstaculizando el proceso de paz entre el gobierno y los escuadrones de ultraderecha.
Los guerrilleros de izquierda sí serán procesados por sedición, mientras los paramilitares podrían ser juzgados por concierto para delinquir, resolvió el alto tribunal. Las leyes establecen entre seis y nueve años de prisión por sedición, pero otorga la posibilidad del indulto.
Según el alto tribunal, la guerrilla se levantó en armas contra el Estado para derrocarlo, por lo que se puede aplicar el delito de sedición, mientras que los paramilitares de derecha surgieron para combatir a los grupos "violentistas" de izquierda.
Así, la crisis se desató, ya que los líderes paramilitares de las AUC presos decidieron el miércoles suspender sus comparecencias ante la justicia en reacción al fallo de la Corte, lo que llevó a Uribe a declararse "preocupado" por la suerte de unos 19 mil paras desmovilizados e impulsar su polémico anteproyecto de ley.
"Quienes mediante el empleo de las armas constituyan grupos ilegales con la pretensión de sustituir a la fuerza pública para resistir o confrontar a grupos armados organizados al margen de la ley que realizan conductas constitutivas de rebelión", incurrirán en sedición, dice el proyecto de ley del gobierno que debe aprobar el Congreso, buscando equiparar a paramilitares y guerrillas.
No obstante, el proyecto oficialista no favorece a los paramilitares acusados de asesinatos, masacres, genocidio, terrorismo, secuestro, desplazamiento y desaparición forzada, ni a los funcionarios públicos encarcelados o indagados por sus presuntos nexos con esos grupos ilegales.
El gobierno de Uribe y los paramilitares iniciaron a mediados de 2003 una cuestionada negociación de paz, que permitió que más de 31 mil combatientes de esos escuadrones se desmovilizaran y entregaran las armas, sobre la base de confesar sus delitos para obtener beneficios carcelarios e indemnizar a las víctimas.
Pero unos 18 mil combatientes que pertenecieron a esos grupos tienen complicado su futuro judicial, si no se les reconoce un estatus político. Peor aún, aparte de las mascares en que participaron, a muchos paramilitares y sus líderes se los acusa de narcotráfico y son reclamados por Estados Unidos.
El jefe del servicio secreto colombiano, Andrés Peñate, dijo por su parte estar "convencido" de que los 11 diputados regionales que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia murieron, en junio pasado, en medio de un enfrentamiento entre dos facciones de la guerrilla y no durante un operativo mercenario, como afirmó ese grupo.