Insiste en reclamar la aparición con vida de dos militantes

Se adjudica EPR ataque a cárcel en Chiapa de Corzo

El grupo armado denuncia un nuevo capítulo de la guerra sucia en México

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reivindicó ayer la autoría de un ataque perpetrado la madrugada del pasado sábado a las instalaciones de una cárcel distrital en construcción en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas.

En un comunicado fechado en la mencionada entidad, el grupo guerrillero aseguró que esos actos obedecen a una ''denuncia política armada'' cuyo propósito es reclamar la aparición con vida de sus integrantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ''detenidos-desaparecidos hace más de dos meses por el gobierno de Felipe Calderón''.

Aun cuando el gobierno federal ha señalado que los dos desaparecidos no se encuentran detenidos, el EPR insistió en que ''el gobierno de Calderón los tiene en sus mazmorras''. Aún más, arguyó que la ''actitud adoptada como política'' por la administración calderonista ''contra los luchadores sociales no hace más que confirmar el carácter fascista de este régimen oprobioso y la apertura de un nuevo capítulo de la guerra sucia en México, puesto que es el panismo y los grandes empresarios (los) que sostienen a punta de los fusiles a este gobierno represivo''.

También sostuvo que el gobierno ''ilegítimo, aterrorizado por la creciente inconformidad popular, en un acto fascista recurre a la militarización de todo el país con argumentos baladíes y a la criminalización de la protesta social como una faceta del terrorismo de Estado, con la finalidad de mantener bajo la bota militar al pueblo para seguir ejerciendo la dictadura del capital''.

De acuerdo con el comunicado, los ataques del EPR se encuadran dentro de una ''campaña nacional por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos y la libertad de los presos políticos''. Y en respuesta a las acusaciones gubernamentales en su contra, el grupo armado sostiene que ''la única amenaza para el país es este gobierno antipopular y represivo encabezado por Felipe Calderón, quien apoya contra viento y marea al asesino Ulises Ruiz.

''Ambos -afirmó- representan el autoritarismo de derecha y personifican el terror desde el Estado. El llamado a las fuerzas armadas para 'combatir las amenazas para quienes pretenden afectar la seguridad del país con acciones criminales...' no es más que la orden para profundizar la aplicación de la guerra sucia contra el pueblo y sus organizaciones''.

El Ejército Popular Revolucionario rechazó tajantemente que incurran en ''acciones vandálicas'', y sostuvo que ''los únicos vándalos y criminales son quienes hoy están impulsando la guerra sucia y la construcción de penales de exterminio''.

El embate a la cárcel se produjo la madrugada del pasado sábado en Chiapa de Corzo, a 15 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde tiene su sede el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí, amagaron a los guardias para posteriormente efectuar disparos con armas de grueso calibre y realizar pintas para pedir la liberación de sus compañeros.

Los ataques fueron calificados por el gobierno del estado de ''actos vandálicos'', por medio de un comunicado del delegado de la Secretaría de Gobierno del estado en Chiapa de Corzo, Sergio David Molina Gómez.

El funcionario responsabilizó indirectamente a campesinos de la zona, pues ''grupos civiles y ejidatarios continúan con algunas inconformidades por la construcción de esta cárcel, que se hicieron públicas desde el inicio de esta obra penitenciaria''.

Según Molina Gómez, los ejidatarios ''han exigido a las autoridades una pronta investigación para determinar quiénes son los responsables''. Por su lado, la Fiscalía General del Estado inició la averiguación previa número 584/CAJC9/2007, aunque no se especifican los delitos.

Personal de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad se deslindó de investigar los hechos; argumentó que el caso compete a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Por su lado, el comandante de la Policía Federal Preventiva en Chiapas, Salvador Dueñas, informó que la corporación a su mando permanece en ''alerta y vigilante'' ante un eventual ataque armado.

Hay que recordar que el pasado 10 de julio, el EPR se adjudicó también la detonación de ocho cargas explosivas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago, Guanajuato, así como en una válvula de seccionamiento (de la casa de válvulas) en Presa de Bravo, municipio de Corregidora, Querétaro.

Los atentados en contra de la paraestatal se realizaron, según el EPR, también para exigir la liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca.

De los más recientes comunicados emitidos por el grupo armado sobresale el que se manifestó en contra del ''fraude electoral'' del 2 de julio de 2006.

En esa ocasión, el EPR dijo: ''El pasado proceso electoral y los acontecimientos poselectorales vienen a confirmar contundentemente la validez y la necesidad histórica de una nueva revolución social en nuestro país''.

El grupo guerrillero apareció públicamente por primera ocasión el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas, aunque su conformación, con 14 organizaciones, se registra el primero de mayo de ese año. Entre los grupos que lo integraron sobresalen: Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, Tendencia Democrática Revolucionaria y otras.

Después de realizar cinco acciones de ''hostigamiento'' en contra de elementos del Ejército y la Armada de México, en el estado de Guerrero, entre el primero y 28 de agosto de 1996, el subcomandate Marcos, del Ejército Zapatista, en una misiva dirigida al EPR les comunica: ''No queremos su apoyo, no lo necesitamos, no lo buscamos... Sigan ustedes su camino y déjennos seguir el nuestro. No nos salven ni nos rescaten''.

En 1998, el EPR anunció una campaña insurgente en pos de una nueva Constitución. Ese año, el 7 de junio, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, tropas del Ejército se enfrentaron con un grupo armado que efectuaba una asamblea dentro de la escuela comunitaria. Del enfrentamiento resultaron 11 guerrilleros muertos, cinco lesionados y 21 detenidos, entre ellos Erika Zamora Pardo, estudiante del CCH Azcapotzalco. A partir de esas detenciones se registró una escisión eperrista que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Fue en septiembre de 2000 cuando el gobierno de Ernesto Zedillo hizo una distinción entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el EPR, tras calificar al segundo de ''movimiento radical''.

Con información de Angeles Mariscal, corresponsal