Una pareja heterosexual se presenta al Registro Civil para contraer matrimonio. Son mayores de edad y viven juntos desde hace 12 años. Ambos viven con VIH, lo saben y están de acuerdo en firmar el contrato. Pero los funcionarios les impiden seguir con el trámite, pretextando que el Código Civil, redactado en 1944 —alrededor de cuarenta años antes de que aparecieran los primeros casos de sida—, se los impide.

El prejuicio siempre encuentra formas de usar las leyes en contra de quienes considera manchados, indignos de la protección de las instituciones. Como lo expresa en sus declaraciones el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Leopoldo González, cuando habla de “pestes” y de “seres en desgracia” al referirse a las personas con VIH/sida, víctimas culpables que podrían buscar —según el torcido pensamiento del discriminador— “violar el derecho de los no nacidos a no ser contagiados”, ignorando las técnicas que ya permiten ejercer la maternidad, sin temor de transmitir el VIH, a las mujeres portadoras del virus.

El Código Civil de Chihuahua —como el de la mayoría de los estados del país— prohíbe el matrimonio a las personas que tengan “enfermedades crónicas e incurables, que sean además contagiosas o hereditarias”. Restricción pensada para los tiempos en que la anticoncepción prácticamente no existía y había pocas opciones de tratamiento médico a las infecciones de transmisión sexual existentes. Peor todavía, hay estados —como Baja California y Coahuila— que hoy mencionan al sida específicamente como impedimento para contraer matrimonio.

Esas disposiciones violan el artículo primero de la Constitución. A la luz de los avances jurídicos que prohíben todo tipo de discriminación, y científicos —que previenen la transmisión de enfermedades—, es necesario erradicar, de una vez por todas, los rastros de discriminación legal que aún prevalecen en códigos, leyes y reglamentos del país.