Por intereses el gobierno desembolsó $100 mil millones en 10 años: Graco Ramírez
Creció 185% la deuda generada por el rescate carretero, denuncia el PRD
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado denunció que el gobierno federal ha incrementado la deuda generada por el rescate carretero, la cual pasó de 58 mil millones de pesos a 180 mil 286 millones, y sólo por el pago de intereses ha tenido que desembolsar 100 mil millones de pesos en los últimos 10 años.
El senador Graco Ramírez agregó que el rescate carretero es el tercer renglón más importante de la deuda pública interna, rebasado por la emisión de bonos y valores del gobierno federal y el rescate bancario que administra el IPAB. De acuerdo con el Centro de Estudios en Finanzas Públicas, entre 1997 y 2002 su costo creció 185 por ciento.
Al informar que demandará la comparecencia del director de Banobras, Alonso García Tamés, puntualizó que el funcionario debe aclarar qué se hizo con esta deuda, por qué se ha incrementado en más de 100 por ciento; qué pasó con los ingresos carreteros, y por qué diversos tramos que se encontraban en manos de Caminos y Puentes Federales fueron trasladados al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac). Destacó que ni el Congreso ni la Auditoría Superior de la Federación tienen informes pormenorizados del Farac, cuyo objetivo era sanear las finanzas del sector.
En conferencia de prensa recordó que en 1997 el gobierno federal asumió la deuda de los concesionarios carreteros, por un valor de 58 mil 123 millones de pesos. Entre las empresas rescatadas estuvieron Ingenieros Civiles Asociados, Sociedad Controladora, Grupo Mexicano de Desarrollo y Trituradores Basálticos.
Señaló que en marzo el gobierno calderonista anunció su intención de entregar a la iniciativa privada concesiones carreteras, luego de resaltar que se pretende dar tramos que en el pasado fueron otorgados a empresas privadas y tuvieron que ser rescatados. Entre ellos se encuentra la carretera Cuernavaca-Acapulco. También denunció que el gobierno federal ha impedido que se transparente la operación y funcionamiento del Farac, al amparo de la figura del secreto fiduciario.