Editorial
Conflicto minero e injerencias federales
Las incipientes negociaciones en torno a la huelga minera, iniciada el 30 de julio por las secciones 17, 65 y 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), fueron abruptamente concluidas, sin llegar a acuerdo alguno, tras la reunión que miembros de esa organización gremial sostuvieron con la empresa Grupo México la noche del jueves. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, afirmó que la cancelación de las pláticas se debió a que los representantes mineros intentaron negociar el término de la huelga a cambio de que el gobierno federal cancelara las órdenes de aprehensión en contra del líder del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, postura que calificó como un intento de chantaje. Al mismo tiempo, Lozano Alarcón insinuó que la huelga podría ser declarada inexistente por motivo de no haber respetado la suspensión de labores a la hora prevista, pues afirmó contar con información de que algunos trabajadores permanecieron en los yacimientos mineros "horas después" de que se colocaron las banderas rojinegras. Por su parte, el sindicato minero reiteró su posición respecto de la legalidad constitucional de las huelgas e instó al secretario del Trabajo a "definir claramente si va a tutelar los intereses de los obreros o si está comprometido con las empresas".
Las declaraciones de Lozano Alarcón son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del funcionario federal en un conflicto en el que debiera actuar en forma imparcial y, en todo caso, esperar el pronunciamiento de la instancia encargada del asunto, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero los señalamientos del secretario del Trabajo se inscriben en el contexto de un historial de injerencias e ineptitudes del gobierno federal en el conflicto minero, sobre todo a partir del lamentable episodio de Pasta de Conchos, donde la negligencia de Grupo México y la insensibilidad de las autoridades federales cobraron la vida de 65 trabajadores en febrero del año pasado.
No se puede negar el hecho de que el conflicto minero se precipitó por la ilegal intervención del gobierno federal en la vida interna del gremio, con la campaña de desconocimiento y persecución que la adminstración de Vicente Fox emprendió contra la dirigencia encabezada por Napoleón Gómez Urrutia y el intento de imposición de un líder espurio, Elías Morales. Tales hechos pusieron en evidencia un reprobable contubernio entre la autoridad federal y el Grupo México, al amparo de una pretendida defensa de "los derechos de los trabajadores contra dirigentes que los explotan y los manipulan". El ensañamiento foxista contra el sector se confirmó con el sangriento desalojo de los obreros de Sicartsa, en Michoacán, también pertenecientes a la organización sindical minera.
Las autoridades federales, empezando por la Secretaría del Trabajo, deben desistir de sus tendencias parciales e injerencistas y cumplir con su obligación constitucional de garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector minero. La empresa Grupo México ha sido objeto de incontables denuncias por las circunstancias deplorables en las que se desempeñan los trabajadores de esa industria y es inadmisible que las instancias federales encargadas de revertir esta situación evadan su responsabilidad con argumentos tan inverosímiles como la presunta invalidez de la huelga minera.
Por último, cabe señalar que, al margen de la nefasta reputación de Napoleón Gómez Urrutia, las decisiones sobre la vida de los sindicatos, incluida la elección de sus dirigentes, corresponden exclusivamente a los trabajadores, no a los gobiernos ni a las corporaciones.