Reforma electoral ciudadana
El tiempo, el costo, la inequidad, la parcialidad y la opacidad de los comicios, a lo que podemos añadir los contenidos de la publicidad y la injerencia de terceros, y más que nada la insuficiente protección de los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, son algunos de los principales vicios denunciados por la sociedad en el pasado proceso electoral.
A ello se debe que inmediatamente después de las elecciones un Comité Conciudadano para la Reforma Electoral -integrado por 37 representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos de ciudadanos, intelectuales, líderes de opinión y consejeros locales y distritales del IFE en distintos estados de la República- haya elaborado, con el auspicio de otras 10 organizaciones civiles y el respaldo de más de 83 ciudadanos y organizaciones a escala nacional, una Propuesta ciudadana de reforma electoral que, para dar cumplimiento a los requisitos planteados en la ley en la materia, ya fue presentada el pasado 3 de julio en el Foro de Democracia y Justicia Electoral, convocado en Veracruz por la Comisión Legislativa para la Reforma del Estado.
Resultado de alrededor de 230 diferentes aportaciones, que se derivan de la investigación y experiencia directa que los miembros del comité han tenido en la organización de procesos electorales en el país, así como del análisis de los procesos y procedimientos en diversas partes del mundo, la propuesta, que fue presentada también al gran público el pasado jueves para su discusión y enriquecimiento, tiene como principios centrales el pleno respeto a los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, cuya afectación vulnera los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los comicios, establecidos en la Constitución; así como la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para garantizarlos.
En congruencia con esto, los 10 puntos medulares de la reforma política propuesta por el Comité Conciudadano, que abarcan el régimen y proceso electoral, el régimen de los partidos políticos y la justicia electoral, son los siguientes: 1) El IFE debe transformarse en un organismo electoral nacional (INE), que también organice elecciones estatales, con el fin de garantizar la misma calidad a todos los procesos electorales en el país, revisar las prerrogativas y realizar la fiscalización de todos los partidos políticos de modo integral, garantizar la independencia y autonomía en los procesos electorales de todas las entidades, y reducir sus costos (sin considerar a fondo sus indudables ventajas para la ciudadanía, aunque coincidiendo en la necesidad de defender, fortalecer y ampliar la autonomía de los organismos electorales de los estados, los consejeros presidentes que asistieron los pasados días 19 y 20 de julio en Guadalajara a su 28 reunión nacional, se pronunciaron unánimemente en contra de esta propuesta, arguyendo sobre todo el pacto federal y la soberanía de los estados). 2) Las consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral deben ser propuestos por la ciudadanía y aprobados por cuatro quintas partes de la Cámara de Diputados. 3) Las campañas electorales en medios electrónicos sólo podrán ser realizadas mediante el uso de tiempos oficiales y deberán distribuirse de manera igualitaria entre los contendientes. Sólo en caso necesario, el propio INE podrá comprar tiempos comerciales.
4) El instituto podrá sancionar a partidos, candidatos(as), gobernantes, asociaciones de toda índole, empresas privadas y particulares, si se determina una participación ilegal en el proceso electoral. 5) Los partidos políticos, agrupaciones políticas y coaliciones deben ser sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6) Se debe reducir el financiamiento público a partidos políticos en más de 50 por ciento.
7) El instituto electoral podrá requerir a cualquier persona física o moral, y autoridades, la información necesaria para la fiscalización. 8) Se debe introducir la figura de candidaturas independientes. 9) Es preciso ciudadanizar el procedimiento de designación de los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF. 10) La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe ser independiente del Poder Ejecutivo federal y es necesario ciudadanizar el nombramiento del o la fiscal.
Vale la pena añadir la propuesta que también se hace para facultar al INE a que, previo procedimiento seguido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se retire la propaganda electoral que contenga expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.