El gobierno del estado otorgó licencias "irregulares", denuncian pueblos afectados
Proyecto inmobiliario dejaría sin agua a indígenas de Morelos
La Conagua justifica la construcción de 50 mil viviendas con un estudio realizado en 1974
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Cutberto Neri Solís (Tlaltizapán) y Saúl Atanacio Roque Morales (Ixtla), integrantes del consejo morelense, en las instalaciones de este diario
Foto: José Carlo González
Integrantes del Consejo de los Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire, de Morelos, de-nunciaron que el gobierno del estado otorgó de manera "irregular" licencias de uso de suelo a varias empresas constructoras para que edificaran alrededor de 50 mil viviendas; sin embargo, señalaron, en esa zona se ubican cuatro mantos acuíferos.
El organismo indicó que con estas construcciones el recurso natural tendería a agotarse, afectando a cerca de 100 mil habitantes de comunidades indígenas de cuatro municipios.
Cutberto Neri Solís, integrante de este movimiento, denunció que el gobierno estatal ha respondido con represión a las protestas contra el proyecto.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con sede en Cuernavaca, los daños en la zona podrían modificar el hábitat natural de la región.
En conferencia de prensa denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) defiende el proyecto, señalando que hay suficiente agua para respaldar la construcción. Sin embargo, sus argumentos están basados en un estudio de 1974.
Por su parte, César Machado, abogado de los ejidatarios, señaló que el estudio de impacto ambiental presentado por los constructores omite esta situación, además de que "el negocio será redondo", pues se venderían 50 mil casas a 300 mil pesos cada una, lo que demuestra que existen intereses económicos y políticos del gobierno estatal.
Municipios afectados
Los municipios morelenses afectados por la escasez del agua son Zacatepec, Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Emiliano Zapata. En tanto, los cuatro mantos acuíferos que están en riesgo -según los ejidatarios- son Chihuahuita, Santa Rosa, El Salto y El Sapote, fundamentales para el riego de hortalizas y diferentes cultivos en comunidades de la región.
Los afectados criticaron la labor de las autoridades estatales, sobre todo del secretario y subsecretario de Gobierno, Sergio Alvarez Mata y Rafael Martínez, respecticamente.
"Son unos hipócritas y dos caras" afirmó Neri Solís, porque no cumplieron un acuerdo firmado entre las constructoras (Urbasol, Casas Geo y ARA), los ejidatarios, pequeños empresarios y autoridades, en el que se acordó que tanto la edificación como las protestas se suspenderían con la negociación. El litigante refirió que en el inicio de las construcciones se destruyeron tres hectáreas de selva, por lo que en 2005 se interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que no ha procedido.
Protesta en puerta
Saúl Anastasio Roque, integrante del movimiento social, informó que ante la negativa de las autoridades estatales para cumplir los acuerdos y las leyes ambientales, el próximo lunes los ejidatarios realizarán una movilización "para demostrar que la unión de pueblos no es raquítica, como se ha dicho".
Señaló que el gobierno de Morelos será responsable de la "criminalización" de su movimiento y de la posible represión que sufra "por exigir un derecho de todos, que es el agua".
Los ejidatarios exigen que las autoridades locales frenen "de inmediato la dinámica de destrucción, saqueo y creciente injusticia ambiental", y que se revoquen las concesiones y permisos de dichos proyectos, porque atentan contra la seguridad, la salud y el medio ambiente.