El consejo ''no tiene bien definidas sus atribuciones''
Pide diputado perredista revisar la viabilidad del CNCA
La imposibilidad para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) conduzca a plenitud la política cultural en el país requiere que el gobierno federal y el Congreso definan si es necesario impulsar su desaparición para sustituirlo por una Secretaría de Cultura, informó el presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa.
El legislador perredista refirió que, por ejemplo, el consejo no tiene bien definidas sus atribuciones, y en algunas áreas ejerce acciones que le corresponden a otras instancias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia; resaltó que la idea de constituir una dependencia federal no busca abultar la burocracia cultural, sino un mecanismo de articulación de las políticas nacionales en la materia.
Entrevistado en el contexto del 25 aniversario de la Declaración de México sobre Políticas Culturales, el diputado dijo que el tema de la cultura no sólo se ha tratado en los debates sobre la reforma del Estado, sino también ya se aborda por los gobiernos estatales y municipales, donde se considera contar con una dependencia que fortalezca todas las áreas culturales del país.
''El tema específico de la secretaría también forma parte de las discusiones sobre cómo se encuentran todos los órganos culturales del país, y habla de la necesidad de contar con un referente único, básico y que no dependa de la Secretaría de Educación Pública, sino que cuente con su propio espacio de identidad", expresó.
Asimismo, a un mes de que se presente el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2008, Emilio Ulloa recordó que en 2006 la comisión a su cargo defendió mantener el gasto para las necesidades culturales del país, y anticipó que mantendrá la misma postura para evitar que el gobierno federal pretenda de nuevo recortar las partidas para este rubro.
Aseguró que otro de los puntos relevantes que abordará la comisión en el próximo periodo ordinario de sesiones será impulsar una iniciativa de ley para que todas las zonas arqueológicas asentadas en terrenos de propiedad privada, como Chichén Itzá, en Yucatán, se transfieran al Estado mexicano, porque se trata de áreas fundamentales para preservar la riqueza histórica del país.