Comienza visita del presidente de la instancia interamericana por Oaxaca
Insta la CIDH a Ulises Ruiz a impulsar políticas para proteger derechos humanos
Florentín Meléndez se reúne con representantes de la APPO; no comenta exigencias
Oaxaca, Oax., 9 de agosto. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez Padilla, exhortó al gobierno estatal a impulsar políticas públicas para la protección de los derechos humanos y fortalecer la administración de justicia “a efecto de que todas las personas, sin distinciones, tengamos derecho a una justicia accesible, equitativa, rápida, universal, independiente e imparcial”.
Durante un acto celebrado en la Casa Oficial, que encabezó el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, en el que se liberaron a 239 presos con el apoyo de la Fundación Telmex, como parte de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, afirmó que en la CIDH “abogamos por políticas públicas sociales que permitan el acceso a la educación para todos, especialmente para los más desposeídos; el acceso a la salud, a los servicios básicos y a un trabajo digno”.
Al comenzar una visita de tres días en la entidad, a invitación de las administraciones federal y estatal, durante la cual se reunió esta mañana con miembros del Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el también relator especial para los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas, expuso que la CIDH pugna por favorecer el respeto a los derechos humanos para sectores y poblaciones desfavorecidos, especialmente poblaciones indígenas, discapacitados, afrodescendientes, quienes “están en situación desfavorable respecto a otros sectores de nuestras poblaciones”.
Florentín Meléndez, asimismo, valoró la liberación de los presos, por su pertenencia a los pueblos indígenas, porque “va mitigando y minimizando su sufrimiento”.
Destacó que la CIDH está convencida “de que la prisión debe usarse mínimamente para proteger a la sociedad frente al crimen, y proteger a las víctimas, pero también en la estricta medida necesaria”.
Además, solicitó a Ruiz Ortiz a que dentro de la reforma del Estado “se priorice la profundización de la reforma de la justicia y del sistema penitenciario con una visión humana”.
Antes, a su llegada, Meléndez dijo que en Oaxaca “se vive una explosión” por los hechos violentos sucedidos en los meses recientes debido al conflicto político social. “La crisis es un problema profundo que deben resolver los gobiernos estatal y federal con la participación de la sociedad”, señaló.
Adelantó que la CIDH tratará con los gobiernos federal y estatal el restablecimiento de la normalidad en Oaxaca, y así buscar que “haya un mayor entendimiento, tolerancia y diálogo” con el movimiento magisterial y popular. “Esperamos que no se repita ningún hecho de violencia o algún abuso policiaco”, añadió.
Durante su primer día de visita, el presidente de la CIDH se reunió a puerta cerrada con miembros del consejo estatal de la APPO, así como con familiares de asesinados y presos, y víctimas de tortura.
Florentino López Martínez, uno de los voceros del movimiento magisterial y popular, que participó en el encuentro, dijo que los familiares y los consejeros de la APPO denunciaron la “violación sistemática” a los derechos humanos en la entidad, y la “responsabilidad directa” de los gobiernos federal y estatal.
Destacó que la APPO solicitó a Meléndez Padilla que el caso sea llevado a los tribunales internacionales para que sean castigados los culpables de la represión.
El presidente de la CIDH, dijo Florentino López, “escuchó pacientemente” las denuncias, pero no emitió opinión al respecto.
Por la mañana, Meléndez Padilla se entrevistó con el procurador estatal de justicia, Evencio Martínez Ramírez, con quien abordó temas relacionados con personas detenidas durante los hechos violentos registrados en los recientes 12 meses.
Según un comunicado, el funcionario reiteró el compromiso del gobierno del estado y de esa dependencia “con la protección a las garantías individuales”, y destacó que las personas procesadas “en todo momento han gozado de los derechos constitucionales otorgado por la ley”.
Martínez Ramírez destacó que la institución a su cargo realiza sus actividades de manera transparente y con apego a las leyes.