Su política es de cero tolerancia contra este sector: Brigada Callejera de Apoyo
Acusan al GDF de provocar con operativos mayor discriminación hacia las prostitutas
Lamenta el colectivo que no se impida la trata de personas ni la explotación de las trabajadoras sexuales
Reitera su rechazo a la iniciativa de ley de protección al sexoservicio
Ampliar la imagen Para la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Mujer, las acciones implementadas por el gobierno capitalino para combatir la prostitución en la zona de La Merced en nada mejoran las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y sólo las ha estigmatizado aún más. La imagen, durante un operativo realizado en la zona el martes pasado Foto: Francisco Olvera
Las acciones implementadas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para combatir la prostitución en la zona de La Merced en nada mejoran las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y únicamente es una política de "cero tolerancia" a este sector de la sociedad, así lo establece la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Mujer.
En un documento elaborado por Jaime Montejo, integrante del colectivo, se advierte que "los más recientes operativos realizados por el gobierno capitalino, que incluyen la verificación y clausura de establecimientos mercantiles, así como la detención de trabajadores sexuales, fortalecen el estigma y la discriminación hacía este sector".
La organización de la sociedad civil, fundada en 1995, advierte que la política implementada por la actual administración capitalina es errónea, ya que además de "estigmatizar" a las trabajadoras sexuales "ninguna de las acciones contempladas se ha encaminado al desmantelamiento de las redes delictivas dedicadas a la trata de personas y a la explotación sexual, económica y laboral de las trabajadoras sexuales en las calles de La Merced. Tampoco se han centrado en prevenir el ingreso al trabajo sexual de más mujeres, adolescentes y niñas".
El miércoles pasado, en un despliegue coordinado por la delegación Venustiano Carranza, y en el cual participaron policías tanto preventivos como ministeriales, se aprehendieron a 10 mujeres, quienes presuntamente se prostituían en las inmediaciones de la Nave Mayor del mercado de La Merced.
El operativo, al cual fueron citados los medios de comunicación, estuvo encabezado por el jefe delegacional, Julio César Moreno, situación que generó críticas en el sentido de que únicamente se trataba de "un golpe mediático".
"Nos encontramos entonces con un contexto de cero tolerancia que criminaliza a las trabajadoras sexuales más pobres de la ciudad y las coloca en estado de indefensión frente a los cuerpos policíacos. Nada se aporta a la creación de entornos de apoyo que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de uno de los sectores sociales más golpeados por las autoridades del Distrito Federal", establece el documento de trabajo de Brigada Callejera.
En el mismo orden de ideas se advierte que de reinstalarse el "control sanitario" de prostitutas, el cual fue derogado en el año 2000, sumado a un posible censo y confinamiento de las personas dedicadas a esta actividad, lo único que provocaría es un fortalecimiento de una política pública con tintes discriminatorios: "Dichas medidas irían en contra de convenciones y tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. Además de que son anticonstitucionales por su carácter discriminatorio".
Brigada Callejera, que entre sus programas de trabajo se encuentran el mercadeo social de condones masculinos y femeninos, la creación de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y programas médicos de detección del VIH-sida, se ha manifestado en diversas ocasiones en contra de la iniciativa de ley de protección al sexoservicio que las bancadas del Partido de la Revolución Democrática, Alternativa Socialdemócrata, Convergencia y del Trabajo presentaron en junio pasado en la Asamblea Legislativa, al argumentar que, de aprobarse, esta normatividad convertirá a las autoridades en los principales lenones.
Por último, en el documento elaborado por Jaime Montejo se critica la ausencia de medidas conciliatorias por parte de las autoridades: "Hay una falta de voluntad política de las autoridades de la delegación Venustiano Carranza para establecer un convenio de Conciliación con las trabajadoras sexuales".