El CILAS promueve marcha el próximo 31 de agosto

Convocan a movilización contra política antisindical

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) denunció la "criminalización" de los movimientos sociales y el "recrudecimiento" de la política antisindical del gobierno de Felipe Calderón, e hizo un llamado para realizar un paro cívico nacional el próximo 31 de agosto, con la finalidad de revertir la situación.

Para sustentar sus acusaciones, la organización recuerda que en semanas recientes se desató una "arremetida oficial" contra mineros, sobrecargos de Mexicana de Aviación y trabajadores del INEGI, y asegura que estos hechos prefiguran "un panorama sombrío de desprecio por la legalidad y de criminalización de las luchas sociales y sindicales, lo que aunado a la pobreza y el desempleo, pone al país al borde del estallido social".

Señala que si bien la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República ofrecía expectativas "casi nulas" de mejoría en materia laboral, la "escala de agresiones al salario y a los derechos de los trabajadores ha tomado un nivel de virulencia desmesurada".

El CILAS añade que durante su campaña electoral, Calderón se presentó como "presidente del empleo", pero ahora encabeza un gobierno "represor y antisindical" que ha convertido el respeto a la legalidad en letra muerta. Mientras habla de apego al estado de derecho, emite resoluciones sin fundamento legal para favorecer de manera cínica a los intereses patronales".

Argumentos risibles

El organismo alude a las huelgas de mineros declaradas en el 30 de julio en Sonora, Guerrero y Zacatecas. "En lugar de cumplir con su mandato de proteger a los trabajadores, las autoridades laborales decretaron la inexistencia de esas acciones con argumentos risibles, como la supuesta omisión del sindicato de presentar actas de asambleas. En su afán por favorecer a Grupo México, el calderonismo y sus encargados en el ámbito laboral dejan desprotegidos a los obreros".

Respecto de los sobrecargos, el CILAS señaló que es "anticonstitucional" reducir los salarios de los trabajadores y aumentar su jornada laboral. Por lo que hace a los despidos de empleados del INEGI, el documento añade que el gobierno federal quiere acabar con el movimiento de resistencia en esa institutución, para lo cual ha girado 20 órdenes de aprehensión.