Editorial
El portal del horror
Luego de una semana de pesadilla, caracterizada por los abusos policiales y las amenazas de deportación, los catalanes Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné fueron sacados anoche de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Ha de recordarse que el pasado 5 de agosto estos extranjeros fueron arrestados, en compañía del mexicano José Damián Reséndiz Saucedo -integrante de una organización que simpatiza con el zapatismo chiapaneco-, por elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, en la capital de esa entidad, acusados de "escandalizar en la vía pública".
Los afectados denunciaron que los agentes del orden los golpearon, encapucharon, insultaron, hostigaron sexualmente a las mujeres del grupo y les robaron a todos sus pertenencias, incluidos documentos migratorios. A continuación, las autoridades oaxaqueñas los entregaron al INM, que los mantuvo recluidos entre el 6 y el 13 de agosto en la estación migratoria de Iztapalapa, con la amenaza constante de expulsarlos del país.
Cecilia Romero, titular de esa dependencia, dijo que no le correspondía investigar el robo de documentos y reconoció que no había ningún requerimiento ni acusación de autoridades extranjeras ni tribunales nacionales contra los cuatro detenidos, es decir, que los extranjeros pasaron ocho días de detención injustificada. Los atropellos sufridos por los catalanes son vergonzosos, inadmisibles y constituyen una pequeña muestra ("el portal del horror", dijeron los afectados en una misiva dirigida a organizaciones solidarias, en la que explicaban la represión y la tortura que prevalecen en nuestro país) de la arbitrariedad e ilegalidad con que se desempeñan las autoridades estatales y federales.
El asunto reviste gravedad adicional si se considera que el atropello se perpetró poco después de que las víctimas participaron en la presentación de videos zapatistas en el zócalo de Oaxaca, y que al menos una de las ellas pertenece a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), organismo que en diciembre pasado elaboró un informe sobre las violaciones a las garantías individuales en Oaxaca. Es inevitable suponer que la detención arbitraria, el maltrato, el robo y la imputación inverosímil de "escándalo en la vía pública" -una falta administrativa menor- fueron en realidad una venganza y una advertencia del gobierno de Ulises Ruiz a los observadores extranjeros que documentan los excesos cometidos por las fuerzas represivas de la entidad.
Igualmente indignante es que el gobierno federal haya colaborado en el atropello. El hecho de que Felipe Calderón Hinojosa hablara ante la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Kanh, de supuestos "avances" en materia de derechos humanos justo cuando los catalanes eran recluidos (sin delito cometido) en la estación migratoria de Iztapalapa, muestra de manera inequívoca el doble discurso que mantienen las autoridades panistas desde el sexenio pasado en este tema.
La administración actual ha construido un discurso en el que se habla de manera casi obsesiva de respeto a las leyes, aunque las primeras en violentar la legalidad son las propias autoridades. La flagrante arbitrariedad padecida por los ciudadanos catalanes es una gota en el océano de violaciones a los derechos humanos al que se refirió la semana pasada Irene Khan, durante su visita a nuestro país.
Tales violaciones son, por supuesto, delitos sancionables y, en el caso de los catalanes, hay indicios claros de abuso de autoridad, quebrantamiento de las responsabilidades de empleados públicos, usurpación de funciones y privación ilegal de la libertad, sólo por mencionar algunos. Asimismo, es por demás dudoso que algún funcionario estatal o federal sea presentado ante un tribunal para que responda por esas graves faltas. De confirmarse este pronóstico irritante, se comprobará, una vez más, que en nuestro país son los gobernantes quienes violentan en primer lugar el multimencionado estado de derecho.