Los ministros de la Corte, en favor de regular comisiones
Insisten en limitar investigación sobre violaciones a garantías
Después de dos sesiones privadas de discusión, la mayoría del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclina por que las modificaciones al proyecto de dictamen del acuerdo general que regulará las comisiones que investiguen la violación grave de garantías individuales sean "de forma y no de fondo", de manera que el máximo tribunal limite sus indagatorias a "actos administrativos" que no tengan nada que ver con investigaciones procesales o penales.
Al entrar ayer a la recta final de la discusión sobre el tema, trascendió que los ministros iniciaron el análisis sobre la forma como debe operar la garantía de audiencia en favor de los funcionarios que estén involucrados en la presunta violación de garantías.
En este tema se dividieron las opiniones, ya que hubo quienes consideraron que la audiencia previa debe darse en la primera etapa, durante la formulación del informe al pleno, o bien cuando ya esté en proceso de elaboración el proyecto definitivo de dictamen en el que se evalúe la conducta de los funcionarios involucrados.
Cuando restan de discutirse únicamente tres artículos (de los 29 originales que contenía el proyecto elaborado por los ministros Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y Mariano Azuela), quedó reglamentada la forma como las comisiones actuarán cuando la SCJN ejerza su facultad para averiguar violaciones graves a las garantías individuales, prevista en el artículo 97 constitucional.
La mayoría de ministros está de acuerdo, señalaron fuentes judiciales consultadas, en que las investigaciones consten de dos partes:
Una vez que el pleno apruebe ejercer su facultad constitucional, procederá a designar una comisión -que puede estar integrada por uno o varios ministros, magistrados de circuito o jueces de distrito, según la trascendencia del asunto-, la cual elaborará un informe "con hechos" y testimonios, pero nada más.
Es decir, sus conclusiones no tendrán ningún juicio de valor sobre los acontecimientos analizados.
El pleno conocerá el informe y valorará si existen las condiciones para ejercer su facultad de investigación.
En caso positivo, se designará a un ministro para que elabore el proyecto de dictamen, para lo cual no podrá basarse en el Código de Procedimientos Penales ni el Código Civil, porque entonces la indagatoria ya no sería "administrativa".
Además, los ministros estarán en condiciones de seguir de cerca la investigación para evitar que ésta se desvíe.
Por otra parte, funcionarios consultados precisaron que además de los artículos referidos, el acuerdo general consta de tres artículos transitorios.
Uno tiene que ver con el caso Lydia Cacho, en el que se señalará que el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, en el que éste acreditó la responsabilidad del gobernador poblano Mario Marín en la violación grave de garantías individuales, debe pasar a una segunda fase, para que los involucrados hagan uso de su garantía de audiencia.
El segundo transitorio tiene que ver con la comisión creada para investigar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, la cual congeló su actuación hasta que el máximo tribunal del país definiera los límites de su actuación.
El tercer transitorio tiene que ver con la comisión que investigará el caso Oaxaca, así como la composición de sus integrantes y el objeto de la indagatoria.