Editorial

Educación pública: entre la mafia y el abandono

El lunes pasado, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, dijo que la reforma educativa es el cambio estructural "más urgente" e importante para el país, y añadió que los grandes retos del gobierno federal en el presente sexenio son mejorar la calidad y combatir la desigualdad en la enseñanza a fin de "cerrar las brechas y las distancias" que existen a escala nacional en esa materia y social. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, subrayó ayer la necesidad de impulsar políticas de Estado para contrarrestar la falta de equidad en la educación media superior e incluir a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Más aún, De la Fuente señaló tres grandes fallas de la enseñanza media superior en México: cobertura insuficiente, deserción y falta de calidad. Ambas posturas -la de la titular de la SEP y la del rector de la UNAM- son complementarias y apuntan a lo mismo: la situación catastrófica del sistema de educación pública en el país.

Los ciclos de educación básica, así como los planteles de secundaria y bachillerato que pertenecen a la SEP, se encuentran en condiciones lamentables de deterioro y abandono por la conjunción de décadas de carencias presupuestales impuestas por los gobiernos neoliberales, así como por la corrupción, el patrimonialismo y la antidemocracia con que opera el grupo que controla al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La estrecha relación del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, con la "dirigente vitalicia" de ese gremio, Elba Esther Gordillo, da cuenta de la preocupante falta de voluntad política de la actual administración para arrebatar el control de la educación pública del país a una dirigencia sindical mafiosa. Cabe recordar que un yerno de Gordillo fue nombrado subsecretario de Educación Básica y Normal, aparentemente en pago al apoyo que la lideresa brindó al entonces aspirante presidencial de Acción Nacional durante el proceso electoral del año pasado.

Por otra parte, la educación media superior impartida por la UNAM, al igual que el resto de las tareas que desempeña la institución, enfrenta insuficiencia crónica de recursos derivada del desdén del gobierno federal hacia esa casa de estudios -como quedó de manifiesto recientemente con el silencio presidencial cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró patrimonio de la humanidad al campus central de Ciudad Universitaria- y de los afanes oficiales de privatizar la educación superior.

Es evidente que, en la circunstancia actual, las posibilidades de impulsar una reforma educativa en el ámbito federal son prácticamente nulas, porque los cambios necesarios chocan de frente con los intereses económicos y políticos de la camarilla sindical que maneja Elba Esther Gordillo. En tanto el calderonismo no sea capaz de deslindarse claramente de ese grupo y de poner fin a su alianza político-electoral con el cacicazgo gordillista, el sistema educativo operado por la SEP seguirá su curso de deterioro y degradación.

Por lo que toca a la UNAM, es urgente que la sociedad exija al gobierno federal y al Legislativo que otorguen a la máxima casa de estudios, y al resto de universidades públicas del país, un tratamiento presupuestal acorde con el carácter estratégico que ostenta la educación superior pública: sin ella no puede haber un repunte económico sólido y sustentable, competitividad internacional ni posibilidad de superar los exasperantes rezagos sociales y las asimetrías en el desarrollo del país.

En ambos casos, la nación requiere de una política de Estado en materia educativa. La enseñanza pública no debe seguir sujeta a los fanatismos neoliberales y privatizadores de los gobernantes ni librada, como hasta ahora, a cacicazgos sindicales en función de coyunturas políticas y maniobras de control electoral. Si el gobierno federal no hace nada para revertir la deplorable situación de la educación pública y no atiende señalamientos como los de Vázquez Mota y De la Fuente, pondrá en serio peligro el futuro de la nación.

Por ello es de suma importancia el anuncio hecho ayer por el Gobierno del DF en cuanto a otorgar más de 200 mil becas a bachilleres. Es una inversión, como lo ha demostrado la UNAM, de futuro, destinada a hacer de México un país de ciudadanos preparados, competitivos.